Kian Kelley-Chung tenía puesta una camiseta negra con el logo de su colectivo de documental y arte cuando grababa a los policías de Washington (EE. UU.) durante una protesta. Era el 13 de agosto de 2020, y Kelley-Chung llevaba un par de meses filmando las manifestaciones de Black Lives Matter en la ciudad. En esta en particular, en el barrio de Adams Morgan, vio a un oficial de policía empujar a alguien al suelo y recuerda que, cuando se apresuró a grabarlo, el oficial también lo empujó. Rápidamente quedó atrapado por una pequeña multitud de personas.

Kelley-Chung asegura que fue entonces cuando un oficial de policía que llevaba esposas dijo que tenía que arrestar a alguien, antes de mirarlo a él directamente, agarrarlo y sacarlo de la muchedumbre. Kelley-Chung, cuyas fotos se publicaron en The Washington Post, iba con varios equipos de vídeo y su teléfono móvil.

"Grité: '¡Están arrestando a un periodista!'", recuerda Kelley-Chung. Otros en la multitud se hicieron eco de su grito, pero al final Kelley-Chung fue trasladado a varios sitios y pasó horas en una celda pequeña con una persona sin mascarilla. Fue liberado al día siguiente sin cargos, al igual que la mayoría de las otras 40 personas que fueron detenidas en la misma protesta, pero la policía se quedó con su equipo y teléfono.

Según el periodista, ese equipo podría estar todavía bajo custodia policial si no hubiera conseguido asistencia jurídica. Después de 10 semanas, con la ayuda de la Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa y el Fondo de Defensa de la Libertad de Prensa de First Look Media, los abogados recuperaron finalmente el equipo de Kelley-Chung. Después, demandaron a la policía por violaciones a los derechos civiles, con una denuncia que acusaba al distrito, a la Policía Metropolitana y a su jefe en funciones, junto con varios oficiales y funcionarios locales, de violar su privacidad y sus derechos bajo la Primera y Cuarta Enmienda. Resolvieron la demanda llegando a un acuerdo en abril: Kelley-Chung recibió una suma "sustancial" de dinero. 

Grabar a los policías se ha convertido en una herramienta popular para rendir cuentas, a la vez esencial y peligrosa. Gracias al vídeo filmado por una transeúnte, sabemos que el oficial de policía de Minneapolis (EE. UU.) Derek Chauvin asesinó a George Floyd (un hombre negro de unos 40 años), arrodillado sobre su cuello durante casi nueve minutos. Sin el vídeo que tomó Darnella Frazier, de 17 años, es muy probable que Chauvin no hubiera sido condenado: cuando la policía describió por primera vez la muerte de Floyd en un comunicado de prensa, afirmaron que había ocurrido "después de [un] incidente médico durante la interacción policial".

En Estados Unidos, la gente graba a la policía porque sabe que algunos agentes hieren o matan a las personas y mienten al respecto; porque en términos generales eso está recogido en sus derechos de la Primera Enmienda, y porque grabar un enfrentamiento con ella puede hacer que se sientan un poco más seguros. No se puede simplemente confiar en la palabra de los departamentos de policía, y el vídeo independiente de un posible mal comportamiento o violencia a veces puede ser lo único con el poder de que un discurso policial falso dé paso a la verdad. 

Pero como descubrió Kelley-Chung, los policías no dejan que esto suceda tan fácilmente. Aunque grabarles es generalmente legal si no interfiere con sus actividades, y aunque los agentes llevan cada vez más cámaras, han desarrollado una variedad de tácticas para evitar que sus acciones acaben documentadas. 

Y si quiere saber cómo lo hacen, puede preguntárselo a un observador de policías. 

Qué hace un observador de policías

El organizador de Stop LAPD Spying Coalition, Hamid Khan, pertenece al grupo de personas que graban a la policía en Los Ángeles (EE. UU.). Los observadores de policías hacen exactamente lo que sugiere su nombre: observar y documentar a la policía haciendo su trabajo. Un par de organizaciones forman a los ciudadanos de Los Ángeles para grabar de manera segura a los policías y a otros funcionarios de la ciudad en su trabajo, ya sea para tener un registro de cómo se controlan las protestas o para capturar irregularidades. 

Khan explica que esa formación también incluye estrategias para manejar las tácticas que usarán los policías con el fin de evitar que los graben, como "levantarse" o bloquear físicamente una cámara con sus cuerpos, y "amenazar, intimidar y acosar a las personas que usan cámaras de vídeo". 

Si la policía se graba en público, cumpliendo con sus deberes, "creemos, y muchos tribunales federales lo han confirmado, que el derecho a grabar a la policía está protegido por la Primera Enmienda", afirma el abogado del Proyecto Speech, Privacy, and Technology de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) Emerson Sykes. Eso incluye varias decisiones de los tribunales de EE. UU., pero no la Corte Suprema, que aún no se ha pronunciado. Hace poco, el Juzgado Décimo de Distrito se separó de este consenso y emitió una decisión a finales de marzo que declinó reconocer el derecho de la Primera Enmienda a grabar a la policía.

Muchos estados, incluido California (EE. UU.), estipulan que grabar a la policía puede ser ilegal cuando un oficial de policía determina que un transeúnte con una cámara está interfiriendo con una investigación. Y aunque el derecho a tomar fotografías y grabar vídeos de los agentes de policía que trabajan en público está establecido de manera bastante indiscutible, las grabaciones de audio, incluidas las realizadas como parte de un vídeo, pueden ser un tema más complicado.

La guía para grabar a la policía de Electronic Frontier Foundation señala que en los lugares con las leyes de escuchas telefónicas con consentimiento de una sola parte (38 estados de EE. UU. y el distrito de Columbia) sí que se puede grabar el audio libremente. En los 12 estados con las leyes de consentimiento de dos partes, un dispositivo de grabación claramente visible "avisa al oficial y, por lo tanto, su consentimiento podría estar implícito", pero la policía podría opinar de forma diferente.

Argumentos legítimos, situaciones ilegítimas

Hay muchas razones por las que un agente de policía no querría estar frente a la cámara. Algunas son más comprensibles que otras, según el profesor asistente de políticas públicas en el John Jay College of Criminal Justice Adam Scott Wandt. En una situación delicada, como una llamada por violencia doméstica, es posible que un oficial o víctima no quiera revelar las identidades cuando un transeúnte comparta su grabación en las redes sociales. Wandt resalta que los agentes encubiertos también se resisten a ser grabados y que sus identidades se conviertan en registros públicos.

Estas pueden ser preocupaciones legítimas, pero los observadores de los policías creen que también se trata de argumentos que han visto a los oficiales de policía usar en situaciones ilegítimas.

Wandt, que durante cuatro años fue oficial de policía en Long Beach, en el estado de Nueva York (EE. UU.), antes de que los teléfonos móviles con cámaras fueran tan comunes, asegura que ha experimentado esto en la actualidad, cuando trabaja como profesor y fotógrafo. Recuerda: "En una ocasión un oficial de policía me pidió que no lo fotografiara. Él no hacía nada. Estaba parado en el metro. Y el oficial de policía me dijo: 'Nunca haga fotos a los policías'. Evidentemente, la ley no está de su lado".

El oficial de policía me dijo: 'Nunca haga fotografías a los policías'. Evidentemente, la ley no está de su lado".

Adam Scott Wandt, John Jay College of Criminal Justice

Varios observadores de policías afirman haber visto a algunos agentes mencionar interferencias en situaciones injustificadas, a menudo como una amenaza implícita. Están, según Khan, "casi intentando crear las condiciones [...] donde puedan demostrar que, bueno, la gente interfiere con su trabajo, lo cual no es cierto". 

El miembro de la organización LA Street Watch Jed Parriott, que aboga por los derechos de las personas sin hogar, asegura: "Me han amenazado con eso". Street Watch pasa el tiempo en los campamentos de la ciudad documentando cómo la policía y las autoridades municipales tratan a sus residentes, y atiende a las "redadas", que son básicamente desalojos masivos. La organización apoyaba el campamento en Echo Park Lake hasta que la ciudad cerró ese parque por obras y expulsó a unas doscientas personas que vivían allí. En Echo Park, Parriott grabó cómo los guardaparques discutían y luego abordaron a un joven residente negro.

Algunos policías le han dicho a Parriott que las personas sin hogar que graba no lo quieren allí y que se aprovecha de ellos en su trabajo, cuando él sabe a ciencia cierta que su presencia en ese momento específico era bienvenida y deseada. El activista admite: "Estaba muy preocupado. Fue un momento muy tenso. Pero mientras esto ocurría, los guardaparques lo inmovilizaron contra el suelo, y yo estaba allí, a cinco metros de distancia, grabándolo todo. Había gente gritando alrededor de mí, chillando. Un sanitario puso su mano frente a mi cámara". Luego, un oficial de LAPD (el departamento de policía de Los Ángeles) le bloqueó la vista con su cuerpo, según Parriott, que explica: "Simplemente tuve que aceptarlo y moverme de ahí".

El portavoz del departamento, el teniente Raul Jovel, afirma que los oficiales de LAPD están formados para manejar las grabaciones de los transeúntes como un derecho de la Primera Enmienda, y esa formación se repite de forma regular. Cuando los oficiales van en contra de esa formación, Jovel señala que la respuesta del departamento varía desde un recordatorio del derecho de la sociedad a grabarlos, hasta una investigación interna y una acción disciplinaria.

Jovel explica que los oficiales pueden mostrarse especialmente reacios a permitir que alguien con derecho a grabar continúe haciéndolo cuando creen que la persona con la cámara también le grita a la policía. "A veces, como oficial, uno piensa: 'A ver. Tengo derecho a hablar por mí mismo'", añade Jovel. "Lo que tenemos que recordarles a los oficiales es: 'No me gusta decirles esto, pero ustedes son servidores públicos y esto es parte de su trabajo'".

El manual de los guardaparques de Los Ángeles incluye una sección sobre las grabaciones realizadas por los ciudadanos, donde reconoce este acto como un derecho. En él advierte que los guardaparques "no prohibirán ni interferirán intencionalmente con tales grabaciones legales".

Sykes señala otra situación que puede ser difícil para quienes graban a la policía: cuando un oficial quiere ver una foto o pide que se elimine, con la sugerencia implícita o explícita de que su autor quedará libre si lo hace. Sykes subraya que es ilegal que un oficial haga eso. Por lo general, se requiere una orden judicial para ver las fotos de una persona o para tomarlas como prueba. "Ni siquiera si tienen una orden de un juez, e incluso si arrestan al autor; aún no tienen derecho a borrar las fotos", añade.

No todos los que puedan captar la mala praxis de la policía habrán sido formados antes sobre eso. Parriott y otros activistas distribuyen regularmente folletos para informar a la gente de su derecho a grabar a la policía, porque algunos policías le dirán que no tiene ese derecho cuando en realidad sí que lo tiene.

Cómo mantenerse a salvo

Pero, aunque es legal, no siempre es seguro. En agosto del año pasado, un padre que salió de su coche para grabar cómo arrestaban a su hijo fue esposado y rociado con gas pimienta. El documentalista Kelley-Chung admite que experimentó por primera vez la sensación de peligro hace un par de años, cuando él y un amigo fueron detenidos por una razón menor en su camino de vuelta a la universidad. Recuerda que el oficial sacó a su amigo del coche, enfadado porque no habían abierto completamente la ventanilla. Quería grabar lo que pasaba, pero se enfrentó a otro agente cuando metió la mano en el bolsillo para coger su teléfono. 

Independientemente de las intenciones de un policía cualquiera, Wandt opina que muchos "simplemente no quieren que los graben en caso de que las cosas salgan mal" y, especialmente, no quieren aparecer en un vídeo viral si eso sucede. Esa perspectiva probablemente está llevando a muchos policías a tratar de interferir ilegítimamente en las grabaciones de los transeúntes. En algunos casos, intentan cubrir de forma preventiva a un colega propenso a la violencia. "Hay oficiales de policía que se consideran guerreros, que usarán la fuerza extrema cuando se requiera algo de fuerza", resalta Wandt. "Esos oficiales obviamente no quieren que su rostro o sus acciones acaben captados por una cámara".

Mantenerse más seguro mientras se graba la actividad policial requiere diferentes tácticas dependiendo de la situación. Los transeúntes que presencian la violencia policial en un espacio público deben mantener la distancia, advierte Kelley-Chung, ya que de esa manera no se les puede acusar de participar. ¿Si le paran el coche? Un pasajero debería empezar a grabar de inmediato, antes de que el policía se acerque a la ventanilla (buscar el teléfono en el bolsillo también puede ser muy peligroso, especialmente para las personas de color). Una cámara de salpicadero o dashcam podría ser una alternativa, si es legal en su región, sugiere Wandt.

Por mucha protección que ofrezca un teléfono móvil, Wandt resalta que "cuando alguien saca una cámara y empieza a grabar un arresto, la situación cambia absolutamente para todos, desde la víctima hasta el sospechoso al oficial de policía".

"Está la ley, está la Constitución, y luego está lo que uno hace cuando se enfrenta cara a cara con un policía", señala el abogado Sykes. Saber exactamente cuánto un ciudadano puede enfrentarse a un oficial de policía que está dando una orden ilegal es "difícil", admite, especialmente en ciertas circunstancias, como, por ejemplo, en una manifestación. "Hay un especial riesgo cuando se está protestando contra la policía, y la policía está armada y a unos pasos de distancia", reconoce. 

La experiencia sobre el terreno es realmente la única forma de saber si una situación en una protesta es segura. Pero algo que Kelley-Chung ha notado es que la presencia de una cámara grabando a un oficial puede proteger a otros de una mala praxis.  "Cuando vea a algunas personas en una disputa verbal con la policía, acérquese lo máximo posible. Esa cámara puede ser una mayor protección que un chaleco antibalas", recomienda.

En cualquier situación, todas las personas con las que hemos hablado tenían las mismas advertencias: no hay que interferir en las operaciones policiales. Cumplir cuando los policías dicen que hay que moverse, pero sin dejar de grabar desde una nueva ubicación, ni siquiera si reclaman que debe hacerlo, siempre y cuando se grabe a un oficial en un espacio público cumpliendo con sus funciones.

Los observadores aconsejan pedir información de identificación a los policías y anotar la hora y el lugar. Se puede preguntar por el número de su placa, aunque Parriott resalta que la mayoría de los agentes solo llevan sus tarjetas profesionales. 

Una mina de desinformación

Ningún vídeo por sí solo va a cambiar la forma en la que actúa la policía, y los expertos argumentan que ni siquiera una gran cantidad de vídeos puede cambiar la cultura de muchos departamentos. Por el contrario, estos han encontrado formas de utilizar el vídeo, especialmente las imágenes de la cámara corporal, para reforzar y controlar su propio discurso en casos de posible violencia o conducta indebida. 

A la gente le gusta pensar que el vídeo es simplemente una herramienta neutral para capturar información, dice la profesora asistente de Comunicación en la Universidad de Syracuse (EE. UU.) Jennifer Grygiel; pero no lo es, y la forma en la que se publica y en qué contexto necesita una investigación adicional. "Pueden crear un discurso con su publicación, que controla el sentimiento inicial y la opinión pública en torno a lo ocurrido. También lo publican en sus redes sociales, y sus cuentas son como las de todos, en el sentido de que aumentan su audiencia. Entonces, consiguen que la gente los siga allí porque son los primeros en publicar la información", añade Grygiel.

Su propia investigación trata sobre cómo los departamentos de policía usan las redes sociales para esquivar la verificación de hechos por parte de los periodistas. Todo comenzó después de notar cómo la policía publicaba fotos de fichas policiales en las páginas locales de Facebook. "La gente entraba allí, como en una antigua plaza pública, y acosaba a las personas que habían sido arrestadas", señala Grygiel, que también argumenta que, a medida que la policía mejora en la producción de sus propios medios, encuentra una mayor audiencia fuera del periodismo y aprovecha al máximo medidas como las cámaras corporales, documentar de forma independiente a los agentes que trabajan en público puede servir como un contraataque a ese mensaje. A veces, como fue en el caso del asesinato de Floyd, esa documentación se produce de forma espontánea; y, a menudo, en medio de un gran peligro, cuando se dan casos claros de violencia policial o conducta indebida en tiempo real.

La capacidad de la policía y de las organizaciones afiliadas a la policía para difundir desinformación fue obvia durante las protestas del verano de 2020, cuando los departamentos de policía promovían repetidamente información errónea. Parte de esa desinformación se volvió viral, con la ayuda de la cobertura comprensiva de los medios y los internautas de derechas, empeñados en reforzar la creencia de que las protestas contra el racismo eran simplemente una vía para una guerra violenta contra la policía.

Los sindicatos de policía promovieron la alarmante afirmación de que los empleados de Shake Shack habían "envenenado intencionalmente" a un grupo de policías en Manhattan (EE. UU.). La historia se desmintió a la mañana siguiente: investigadores de la policía de Nueva York aseguraron que la sustancia de mal sabor en los batidos de los tres agentes no era "lejía", como especulaban los sindicatos, y que no se añadió a las bebidas a propósito. Aunque la Police Benevolent Association y la Detectives’ Endowment Association finalmente eliminaron sus tuits con esa acusación, tuvieron decenas de miles de retuits y desencadenaron una ola de cobertura crédula en la prensa conservadora y convencional. Los artículos de los medios sobre esos tuits se compartieron decenas de miles de veces en Facebook y siguieron circulando incluso después de que la acusación fuera desmentida. 

Y es solo un ejemplo. El verano pasado, el comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, volvió a publicar un vídeo de la policía sacando contenedores de ladrillos de una acera del sur del distrito de Brooklyn, alegando que eran obra de "saqueadores organizados" que ofrecían a los manifestantes materiales para utilizarlos con fines violentos, a pesar de la poca evidencia de que esto fuera cierto. La policía de Nueva York también hizo circular una alerta a los oficiales con imágenes de tazas de café llenas de hormigón, que se parecían mucho a las muestras de hormigón utilizadas en las áreas de construcción. En Columbus, Ohio (EE. UU.), la policía tuiteó una foto de un autobús colorido que, según afirmaron, estaba suministrando equipos peligrosos a los "alborotadores", alimentando los ya desenfrenados rumores nacionales de que los "autobuses antifa" llegaban a las ciudades. En realidad, el autobús pertenecía a un grupo de artistas de circo, que dijeron que el equipo que la policía había mencionado como suministros para los disturbios incluía los palos de malabares y utensilios de cocina. 

En resumen, la policía sigue mintiendo a pesar de estar vigilada más de cerca que nunca. Hay cientos de vídeos de mala praxis de la policía solo en las protestas del verano pasado, algunos de las cámaras corporales introducidas en las reformas destinadas a asumir más las propias responsabilidades del cuerpo. Pero Kelley-Chung cree que la diferencia que puede hacer un solo vídeo es limitada, y destaca: "He visto a personas grabando a los oficiales con sus cámaras y luego son abordadas por la policía. Saben que están frente a la cámara... y aun así siguen abusando".

E incluso después de llegar a su acuerdo con la policía de Washington, hay algo de ese día en lo que Kelley-Chung no puede dejar de pensar. Él es negro y su compañero de grabación, Andrew Jasiura, es blanco. Ambos llevaban la misma camiseta y el mismo tipo de equipo de cámara. Los oficiales también vieron a Jasiura: "Lo sacaron de la masa para poder hablar con él", recuerda Kelley-Chung.

Fue entonces cuando Jasiura les explicó a los policías que su compañero también era periodista. Pero a Kelley-Chung lo arrestaron a pesar de eso.