Se espera que el presidente proponga una serie de cambios reguladores, pero evite el tipo de pelea legislativa sobre política climática que arruinó su primera legislatura. Sin poder aprobar una nueva legislación, sus opciones están limitadas, no habrá una política global como un impuesto sobre el dióxido de carbono o un programa de fijación de límites máximos y compraventa de derechos de emisión que sirva para limite las emisiones. Y tampoco habrá aumentos significativos del gasto en desarrollo y prueba de nuevas tecnologías.
Promover acuerdos inte acionales será clave. Estados Unidos es responsable del 20 por ciento de las emisiones de CO2 mundiales, una cifra que encoge con el aumento de las emisiones en sitios como China e India. Pero la influencia inte acional del país se verá limitada si el Congreso no actúa respecto a las reducciones de emisiones a largo plazo. Mientras, medidas como reducir las emisiones de CO2 en las agencias federales y establecer estándares de eficiencia más restrictivos, solo abarcan una pequeña fracción de la economía. Quizá su estrategia más fuerte sea reducir las emisiones de dióxido de carbono en las centrales eléctricas a través de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés), pero se enfrentará a duros retos legales que limitarán el alcance de este tipo de regulación.
Sea lo que sea que se le ocurra a Obama, los resultados probablemente queden muy lejos del 80 por ciento de reducción de las emisiones de CO2 que muchos expertos consideran necesaria para evitar un cambio climático catastrófico. En conjunto, las acciones que Obama puede tomar solo servirían para reducir las emisiones en un 20 por ciento, según David Victor, codirector del Laboratorio de Derecho y Reglamentos Inte acionales de la Universidad de Califo ia en San Diego (EE.UU.), quien señala que la capacidad de la EPA para restringir las emisiones de dióxido de carbono según la Ley de Aire Limpio se ve limitada por cuestiones como el coste, y por precedentes que harán que sea mucho más difícil regular las centrales existentes que las nuevas. "Será muy difícil elaborar un reglamento que tenga sentido pero que además sobreviva a los retos legales", afirma. "Estamos llegando al límite de lo que el Gobie o de Estados Unidos puede hacer sin una nueva legislación".
En última instancia lo que se necesita es una legislación que proporcione más financiación para probar nuevas tecnologías y establecer límites de emisiones para todos que vayan más allá de las centrales eléctricas. Victor afirma que los reglamentos probablemente favorezcan a tecnologías que ofrecen mejoras incrementales sobre las existentes, no tecnologías que supongan una ruptura importante con el status quo. Para empezar, las nuevas tecnologías tienen que probarse antes de poder adoptarse. Por ejemplo, un método importante para mantener bajo el coste de la reducción de emisiones es la captura y almacenaje de dióxido de carbono, pero la tecnología aún tiene que probarse en plantas a gran escala.
Michael Greenstone, profesor de economía medioambiental en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE.UU.), sostiene que también hay que examinar los esfuerzos por mejorar la eficiencia. Aunque en teoría son posibles grandes reducciones en el consumo energético, gran parte de ese potencial puede no darse en la práctica porque resulta frecuente que la gente no aproveche dichas medidas, afirma, y no queda claro por qué. Greenstone afirma que el presidente debería incorporar a las medidas un sistema de evaluación para decidir qué medidas de eficiencia suponen realmente una diferencia.
Greenstone también sostiene que las regulaciones tienen el potencial de hacer que las centrales eléctricas que consumen carbón y gas natural sean más caras, lo que permitiría a las renovables a competir en "un terreno más igualado" al tener en cuenta los costes relacionados con el cambio climático debido a la emisión de gases de efecto inve adero. El coste de cumplir con estas regulaciones dependerá del grado de flexibilidad que contengan; cuantas más opciones tengan las eléctricas de cumplirlas, menor será el coste. Una regulación amplia que estipule unas emisiones medias máximas para todas las centrales de una compañía eléctrica -incluyendo tanto las plantas de carbón como las solares, por ejemplo- mantendrá el los costes bajos, afirma, pero es probable que ese enfoque se enfrente a desafíos legales. También afirma que el impacto de las regulaciones en las nuevas centrales será mínimo porque las planificadas por las eléctricas no dependen del carbón sino del gas natural, que es más limpio. El mayor impacto se obtendría al regular las centrales eléctricas ya existentes.
Greenstone afirma que una cuestión clave será hasta qué punto resultarán útiles alguna de estas propuestas para conseguir que otros países firmen planes de reducción de emisiones. Por ejemplo, si el presidente puede defender que EE.UU. puede alcanzar un objetivo de reducir sus emisiones un 17 por ciento para 2020 -algo a lo que se ha comprometido en negociaciones, aunque el Senado no ha ratificado el acuerdo- este hecho podría influir en negociaciones futuras.
Victor sostiene que una de las cosas clave que podrían hacer las medidas de la administración Obama es crear un impulso mayor para una ley global sobre el clima. "Vamos a ver una política cada vez más fragmentada que difiere por sectores económicos y por estado", afirma. Parte de lo que intenta hacer el gobie o es dejar claro que "si no tenemos una legislación nacional, la alte ativa, compuesta por regulaciones fragmentadas va a resultar muy cara". Y añade que "esto es una parte importante de la historia. Lo que intentas hacer es que la legislación alte ativa resulte menos y menos apetecible".