A) Lo ha visto al visitar nuestra propia página
B) Ha introducido “Ley de Propiedad Intelectual” en un buscador y el artículo ha aparecido como contenido relacionado
C) Ha encontrado el enlace a la noticia en una red social
D) Un agregador de noticias le ha mostrado el contenido
Si su respuesta es la D, la mencionada Ley Propiedad Intelectual (LPI) obligaría a que dicho agregador nos pagase una tarifa por redifundir el artículo. España vive esta situación desde que el pasado 1 de enero entrara el vigor la mencionada ley. Y aunque el Partido Popular Europeo propuso una enmienda similar a nivel comunitario, esta fue rechazada ayer en el Parlamento Europeo en el marco de la reforma sobre el copyright.
España, de momento, camina sola en su esfuerzo por hacer este tipo de cobros para adaptar los derechos de autor al mundo digital. El artículo 32.2 de la LPI define las tarifas como un "derecho irrenunciable", aunque el medio no quiera. El secretario general de la Asociación de Pequeñas Publicaciones critica esta irrenunciabilidad: "Si nosotros queremos figurar en los agregadores aunque no nos paguen, deberían deja os". Pero no les dejan.
Aunque no se alarme, el agregador que le haya mostrado nuestra noticia aún no nos tiene que pagar, pues aunque el texto establece un reglamento de tarifas, estas todavía no están listas. De hecho, a pesar de la entrada en vigor de la ley, casi todos los agregadores españoles continúan su actividad de forma habitual.
Pero no todos. El 16 de diciembre de 2014, la LPI se cobró su primera víctima con el cierre de la versión en España del agregador de noticias Google News. La compañía defendió este cierre como la única solución posible ante la imposición de pagar por un servicio que no le genera beneficios. "En Google News no había publicidad de ningún tipo", explica la directora de Comunicación de Google España, Anais Figueras.
La ley que obligó a Google a tomar esta decisión ha sido valorada como una de las ocho peores políticas para el fomento de la innovación de 2014 en el mundo por la Fundación para la Información Tecnológica y la Innovación. "Mientras que no se modifique la ley, Google News seguirá sin operar en España", sentencia Figueras.
A por el pez grande
Si otros agregadores continúan funcionando a la espera de que las tarifas se anuncien oficialmente, ¿por qué Google News cerró tan pronto? El fundador de Menéame, Ricardo Galli, cuyo agregador se resiste a echar el cerrojo, explica: "El cierre de Google News nos ha venido bien porque se perdió el interés y los editores no quisieron seguir con la pelea".
Galli califica a la LPI de "ley francotirador" que únicamente quería conseguir que Google pagara a los editores. De hecho, las tarifas son popularmente conocidas con el sobrenombre de Tasa Google. La misma opinión tiene el abogado de ABANLEX especializado en Propiedad Intelectual, Pablo Uslé, que cree que "el canon va a desparecer porque el principal afectado era Google News y se ha ido de España".
Este abogado cree que serán los propios editores los que pidan al Ministerio de Cultura que retiren el canon. Uslé cita como motivo el reciente acuerdo al que han llegado los editores europeos con Google conocido como Digital News Initiative (DNI), que consiste en una propuesta de financiación del buscador para impulsar la innovación en los medios. "Los editores pedirán que se elimine la tasa porque ya no les interesará", indica.
Aunque celebran la aprobación de este acuerdo, los editores siguen queriendo saber qué sucede con estas tarifas que, de momento, continúan incluidas en una ley en vigor. Por un lado, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que impulsó la medida para obtener ingresos del contenido enlazado en agregadores, quiere que las tarifas se aprueben para saber qué deben cobrar. De hecho, la influencia de esta asociación para que se legislara la tasa hizo que se bautizara también como Canon AEDE.
Por su parte, la Asociación Española de Publicaciones Periódicas (AEPP), que agrupa medios más pequeños y periódicos digitales, está preocupada por si el importe final de las tarifas supone el cierre de los agregadores que aún operan en España. El secretario general de AEPP, Carlos Fe ández Astiz, explica: “Los agregadores nos dan visibilidad y eso es muy importante para los pequeños medios”. Según cálculos de esta asociación, el cierre de Google News ha hecho que las visitas de sus medios caigan entre un 30% y un 35%, mientras que las grandes cabeceras solo han sufrido una pérdida de entre el 3% y el 7% de visitas.
Ambas aluden a que el Ministerio de Cultura les indicó que las tarifas estarían listas antes del verano, cuya fecha oficial de inicio tuvo lugar el pasado 21 de junio. Fuentes del Ministerio de Cultura señalan que "está previsto aprobar las normas en los próximos meses". Para el fundador de Menéame este retraso en la aprobación de las tarifas demuestra que la ley iba exclusivamente contra Google News y que "lo único que ha cambiado es que ya nadie quiere hablar de ellas".
Opción B
Si Google News ha cerrado, ¿cómo habría podido llegar usted hasta este artículo mediante la opción B? Probablemente se haya dado cuenta de que al introducir determinados términos en el buscador, entre sus resultados siguen apareciendo noticias relacionadas de medios españoles. Esto es posible porque la norma solo afecta a enlaces de agregadores, pero no a los resultados orgánicos de los buscadores.
Aunque los buscadores quedan exentos, todavía no se conoce si esta ley afectaría a las redes sociales ya que no hace mención a estos servicios. Galli no entiende que haya diferenciación entre Menéame y lo que ofrecen Twitter o Facebook porque, en ambos casos, son los usuarios quienes suben el contenido: “Si el canon se aprueba, pelearemos porque tendrían que ir también contra Twitter o Facebook por las mismas razones”.
De momento, este artículo sigue disponible por A, B, C y D. Mientras dura la incertidumbre, agregadores como Menéame siguen funcionando y los editores, pequeños y grandes, se preguntan qué hacer con un derecho irrenunciable que ni si quiera saben si quieren disfrutar.