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Por qué la Directiva de Copyright de la UE es mal negocio para todos

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Aunque la nueva norma sobre los derechos de autor de la Unión Europa pretendía limitar el poder de los gigantes tecnológicos, su amplitud afectará negativamente a pequeñas páginas web incapaces de asumirla y, en consecuencia, a todos los internautas, que tendrán un peor acceso a la información

  • por James Ball | traducido por Ana Milutinovic
  • 28 Marzo, 2019

El Parlamento Europeo ha aprobado una nueva y radical normativa que cambiará la forma en la que se supervisa el copyright en internet para los 28 países de la Unión Europea. En las pocas horas que lleva aprobada, la Directiva de Copyright ya ha generado una enorme polémica. Cientos de expertos en propiedad intelectual han denunciado porqué resulta tan injusta, Wikipedia ha sufrido apagones en varios países y una petición en contra ha recogido más de cinco millones de firmas online.

La norma supone un cambio importante para los internautas en todo el mundo. Los países de la UE han sido más proactivos que EE. UU. con sus medidas para regular internet y a los gigantes tecnológicos. Primero, la Unión Europea aprobó una serie de normas sobre la protección de datos y ahora ha llegado el turno de los derechos de autor.

La enorme polémica de la Directiva se centra en dos disposiciones. La primera, el Artículo 11, requiere que los motores de búsqueda y páginas web similares paguen a los editores por reproducir breves extractos de su material. Sobre esta medida, los críticos señalan que la mayor parte de los ingresos irán a parar a un puñado de grandes empresas editoriales bien establecidas. Y como los gigantes tecnológicos como Google no quieren pagar esta tarifa, es probable que se limiten a mostrar menos información de los sitios que requieran el pago. Esto posiblemente afectará la experiencia de los usuarios y les animará a ir a webs de peor reputación. Si finalmente pasa esto, todos saldrán perdiendo: los motores de búsqueda, los editores (que tendrían menos tráfico) y los usuarios.

Pero la medida más controvertida es la del Artículo 13, que aumenta significativamente la responsabilidad legal de los sitios como YouTube por el contenido que viola los derechos de una manera. Lo más grave es que la norma tiende a asumir, básicamente, que el contenido es ilegal hasta que se demuestre lo contrario.

En respuesta a las críticas anteriores, los legisladores agregaron exenciones específicas para los contenidos humorísticos y para Wikipedia. Pero en la práctica, expertos y activistas siguen preocupados por cómo se utilizarán los filtros automatizados, dado que incluso el material legal se podría filtrar y quedar fuera. Esto se debe a que cualquier página web grande con contenido subido por los usuarios deberá automatizar su sistema de cumplimiento de derechos de autor. Además, los vídeos pueden incurrir en múltiples infracciones de copyright: clips de varios programas, bandas sonoras, etcétera. El resultado será que una gran cantidad de contenido que sí cumple con la normativa se bloqueará por el principio de precaución.

Según el investigador del Centro de Derecho de la Información e Innovación de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) Sebastian Schwemer, los filtros automatizados no son obligatorios por ley, pero "podrían ser la única forma de evitar la responsabilidad de las respectivas plataformas". El experto cree que, aunque el Artículo 13 puede resolver un problema, causará muchos otros, y afirma: "Parece que las preocupaciones planteadas por los expertos, por las organizaciones de la sociedad civil y las start-ups han sido ignoradas".

Hay pocas excepciones de la normativa. Cualquier página web que tenga más de tres años deberá cumplirla. El esfuerzo que eso supone podría resultar paralizante para las empresas más pequeñas, pero de larga duración, que generalmente operan con pocos recursos. El cofundador de Wikipedia, Jimmy Wales, se encuentra entre los mayores críticos de la Directiva. Desesperado por la aprobación, el martes alertó de que la normativa se ha ampliado demasiado para poder aplicarse a páginas web pequeñas con recursos limitados en lugar de limitarse a los gigantes tecnológicos que disponen de presupuesto para manejarla. En un tuit, Wales afirmó: "Ustedes, usuarios de internet, han perdido una gran batalla hoy en el Parlamento [Europeo]".

Explicando su postura a MIT Technology Review, Wales agregó: "Un montón de sitios web pequeños, encantadores y antiguos serán regulados como si tuvieran a su disposición los recursos de un gigante. Esto significa un aumento en el poder de las grandes plataformas".

Lo que demuestra el enorme rechazo al Artículo 13 es lo difícil que resultas realizar cambios en cualquier cosa online. Por ejemplo, las empresas afectadas por estas disposiciones se enfrentan a otro problema: cada uno de los 28 países de la UE debe decidir ahora cómo implementar la normativa, lo posiblemente acabará con 28 regímenes de cumplimiento diferentes que incluso los sitios relativamente pequeños tendrán que respetar.

Existen varias y muy buenas razones para usar la legislación para limitar el poder desproporcionado de los gigantes tecnológicos. Pero por muy bien intencionadas que sean, hay más intereses en juego. Sin un cuidadoso tratamiento y atención, está claro que los usuarios y las páginas web más pequeñas, las mismas personas y organizaciones que los legisladores supuestamente quieren apoyar, son los se han quedado atrapados en el medio.

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