Es cierto que los problemas en sí mismos ahora están más claros. Ya sabemos que la Agencia de Investigación de Internet de Rusia utilizó un ejército de troles para tratar de influir en las elecciones de EE. UU. (un comité de inteligencia del Senado de EE. UU. concluyó lo mismo). Facebook y Twitter están tomando medidas enérgicas contra las cuentas de propaganda. Y Facebook ha anunciado planes concretos para combatir la desinformación electoral.
nPero aún queda mucho por resolver. Sabemos que Rusia usó esos bots, pero no sabemos hasta qué punto su actividad influyó en la decisión final de los votantes (de hecho, algunos estudios sugieren que, a pesar de todos los temores de noticias falsas, la persuasión mediante la tecnología podría no ser tan efectiva). La desinformación parece estar aumentando en todo el mundo. El proveedor de seguridad CloudFlare dejó de proporcionar sus servicios a 8chan, un famoso foro online para extremistas violentos, tras su vinculación con tiroteos, pero ahora el sitio ha vuelto como 8kun.
nNadie esperaba que estas grandes y espinosas cuestiones de libertad de expresión y gobernanza se resolvieran rápidamente. Pero a pesar de todo lo que ha sucedido desde 2016, nadie empezó a tomar medidas reales hasta el año pasado, y muchas de ellas parecen haberse lanzado sin demasiada meditación previa.
nDonde más se nota es en la actual lucha por la publicidad política. Las plataformas tecnológicas pueden parecerse entre sí en cuanto a la lentitud con la que han reaccionado, pero su forma de abordar este problema es totalmente diferente. Facebook se niega a emitir juicios sobre la publicidad política, lo que significa que su equipo de verificación no revisará nada de lo que un candidato diga en un anuncio pagado. Por eso la campaña de Trump podría publicar un anuncio en el que mienta sobre la conexión de Joe Biden con Ucrania y Elizabeth Warren podría ir a por Mark Zuckerberg comprando anuncios intencionalmente falsos.
nFacebook ha recibido muchas críticas por esta postura. Pero, mientras afirma que defiende los ideales de la libre expresión, Zuckerberg sigue describiendo su punto de vista como una opción entre aceptar mentiras en forma de publicidad política y, como dijo en un discurso en Georgetown (EE. UU.), vivir en un mundo donde "solo se puede publicar lo que las empresas tecnológicas decidan que es 100 % cierto".
nPero esto no es cierto, como demuestra Google, que ha prohibido la microsegmentación y los "falsos reclamos" en la publicidad política. Mientras tanto, Twitter, con un claro punto contrario al de Facebook, ha prohibido por completo la publicidad política, incluidos los anuncios temáticos.
nSin embargo, esos enfoques tampoco parecen ser la respuesta. La pregunta de qué se califica como un "anuncio temático" es una pendiente resbaladiza, y una prohibición total de la publicidad política probablemente perjudicará a los candidatos de las campañas más pequeñas. Es posible que estas compañías ni siquiera tengan la infraestructura para cumplir sus propias promesas: cuando el estado de Washington (EE. UU.) prohibió cualquier tipo de publicidad política, se creó un desastre. Facebook ha intentado corregirlo prometiendo transparencia en sus anuncios, pero la base de datos con la que pretendía lograrlo colapsó antes de las elecciones en Reino Unido.
n
Faltan dos meses para las primeras primarias de 2020 en EE. UU., y todavía no sabemos qué están haciendo estas empresas al respecto. Parece que no están preparadas. Como resultado, todos se dieron cuenta de la verdad del dicho "Si quieres que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo". Así nace el esfuerzo de Elizabeth Warren para dividir las compañías dominantes.
nLos problemas laborales en las empresas tecnológicas también se han convertido en un tema importante. Hartos de las malas condiciones de trabajo, los moderadores de Facebook hablaron sobre sus problemas de salud mental y demandaron a la red social por trauma. Los proveedores de Google en Pittsburgh (EE. UU.) se han sindicalizado. Las supuestas actividades antisindicales de Google han acabado en una demanda e investigación federal. Los conductores de Uber y Lyft se organizaron para ayudar a aprobar una ley de California (EE. UU.) que los calificaría como empleados. Los trabajadores de Instacart se declararon en huelga en noviembre.
nLas elecciones estadounidenses de 2016 dejaron claro lo grandes que son estos problemas, y las inminentes elecciones de 2020 en EE. UU. destacan lo poco que se está haciendo para solucionarlos. El resultado es que las personas "empiezan a cuestionar la narrativa de la inevitabilidad técnica y cuestionan la idea de que el progreso técnico que ayuda a las grandes empresas tecnológicas también debe ser un progreso social", según la experta del Instituto AI Now de la Universidad de Nueva York (EE. UU.) Meredith Whittaker. Una de las conclusiones del informe anual de este Instituto (publicado a principios de diciembre) destaca que los responsables de la intensificación de la supervisión de la tecnología son los grupos comunitarios, los trabajadores y los investigadores, y no las políticas de ética corporativa ni nada de lo que implementan las empresas.
nLa gente es cada vez más consciente de que las empresas no van a cambiar por sí solas, y que se necesitará una campaña presidencial o un gran movimiento de trabajadores para que algo ocurra en ese sentido. O como subrayó la organizadora del grupo activista Gig Workers Rising que ayudó a aprobar la mencionada ley de California, Shona Clarkson: "Estas compañías tienen miedo, y eso solo nos muestra que cuando los conductores se unen para defenderse, tienen poder e influencia". Así que, en 2020, la gran pregunta para las empresas tecnológicas sería: ¿Cambiarán por su cuenta o esperarán a que todos los demás las obliguen a cambiar?
n