El pasado viernes, Facebook anunció que iba a suspender por dos años al expresidente estadounidense Donald Trump de su red social, hasta al menos el 7 de enero de 2023, y afirmó que "solo sería readmitido si las condiciones lo permitieran".

El comunicado se produce en respuesta a las recomendaciones del mes pasado de la Junta de Supervisión creada recientemente por Facebook. La empresa esperaba que la Junta decidiera cómo gestionar la cuenta de Trump, pero, aunque defendió la decisión inicial de la compañía de prohibir en su plataforma al expresidente por incitar a la violencia el 6 de enero, la junta señaló que la decisión a largo plazo era de los directivos de Palo Alto.

La noticia de que Trump sería expulsado de Facebook durante otros 19 meses iba a proporcionar algunas respuestas sobre la relación de la plataforma con el también exempresario, pero en cambio deja muchas preguntas abiertas.

¿A quién se supone que debe complacer esta decisión?

Aunque el anuncio ofrece algunas reglas sobre cómo los políticos pueden usar Facebook, y algunas recomendaciones sobre cómo se harían cumplir esas normas, la decisión de prohibir a Trump durante al menos dos años no será la más popular. Los grupos de activistas como Ultraviolet y Media Matters, que durante mucho tiempo habían presionado a Facebook para prohibir a Trump, han publicado sendas declaraciones en las que opinan que cualquier cosa que no sea una prohibición permanente es inadecuada.

Mientras tanto, las personas que creen que cualquier aplicación de las reglas contra los políticos conservadores es una prueba de que Facebook penaliza el contenido conservador siguen pensándolo, a pesar de la gran cantidad de pruebas de que lo contrario es cierto. Y de esta forma queda abierta la posibilidad de que Trump vuelva a estar online justo a tiempo para el ciclo electoral de 2024 en EE. UU.

¿Qué significa ahora "el interés periodístico"?

Muchas plataformas, incluida Facebook, han utilizado la excepción del "interés periodístico" para evitar cumplir sus propias reglas contra los políticos y líderes mundiales. El comunicado de Facebook aparece con algunos cambios sobre cómo utilizará esa laguna en el futuro. En primer lugar, según Facebook, publicará un aviso cada vez que aplique esa regla a una cuenta. Y en segundo lugar, sobre la aplicación de las reglas, "no tratará el contenido publicado por políticos de manera diferente al contenido publicado por cualquier otra persona", lo que básicamente significa determinar si el interés público en un contenido que infringe las reglas supera el posible daño de mantenerlo online.

Facebook introdujo oficialmente esta política a finales de 2016, después de censurar una foto icónica de la guerra de Vietnam porque contenía desnudos. Sin embargo, la excepción del interés periodístico se convirtió en una regla general para los políticos, incluido Trump, que permitió que el contenido que infringía las reglas permaneciera online porque se consideraba de interés público por defecto. Pero, aunque este anuncio parece poner fin a esa protección general, no la elimina por completo y no aborda con más detalle cómo Facebook determinará si algo entra dentro de esa excepción.

¿Quién tomó esta decisión?

El anuncio fue escrito por el vicepresidente de asuntos generales de la compañía, Nick Clegg, pero se refiere en todo momento a "nosotros". Sin embargo, no especifica quién en Facebook participó en el proceso de toma de estas decisiones, lo que es importante para la transparencia y la credibilidad, dada la controversia de la decisión.

"Sabemos que la decisión de hoy será criticada por muchas personas de los lados opuestos de la política, pero nuestro trabajo es tomar decisiones de la manera más equilibrada, justa y transparente posible", escribió Clegg.

¿De dónde recibirá los consejos Facebook?

El comunicado también señala que la empresa buscará a "expertos" para "evaluar si el riesgo para la seguridad pública ha disminuido", sin especificar qué expertos serían, qué conocimientos aportarían o cómo Facebook (o, de nuevo, quién en Facebook) tendría la autoridad para tomar las decisiones en función de sus hallazgos. La Junta de Supervisión, que fue ideada en parte como una forma de externalizar las decisiones controvertidas, ya ha indicado que no quiere desempeñar esa función.

Esto significa que es especialmente importante saber de quién serán las opiniones que importarán a Facebook y quién tendrá la autoridad para actuar de acuerdo con los consejos, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que está en juego. La evaluación de conflictos y el análisis de la violencia son campos especializados y en los que las respuestas anteriores de Facebook no han creado mucha confianza.

Hace tres años, por ejemplo, las Naciones Unidas acusaron a la empresa de ser "lenta e ineficaz" en responder a la propagación del odio online que condujo a ataques contra la minoría rohingya en Birmania. Facebook encargó un informe independiente a la organización sin ánimo de lucro Business for Social Responsibility que confirmó las afirmaciones de la ONU. Ese informe, publicado en 2018, señaló la posibilidad de violencia en las elecciones estadounidenses de 2020 y recomendó las medidas que la empresa podría tomar para prepararse para tales "múltiples posibilidades". Los directivos de Facebook en ese momento reconocieron que "podríamos y deberíamos hacer más". Pero, durante la campaña electoral de 2020 (después de la cual Trump perdió la presidencia) y en el período previo al 6 de enero, la empresa hizo pocos intentos de actuar basándose en esas recomendaciones.

¿Qué pasará en 2023?

Luego está la cuestión del límite de la prohibición, y el hecho de que podría posponer la misma conversación hasta que quizá sea incluso más inconveniente de lo que ya lo es en la actualidad. A menos que Facebook decida prolongar aún más la prohibición basándose en su definición de "si las condiciones lo permiten", esta terminará justo a tiempo para las primarias del próximo ciclo de las elecciones presidenciales en EE. UU. ¿Qué podría salir mal?