El Congreso ha dado un paso hacia adelante en un tipo de legislación que trataría el problema del déficit de energía y el del cambio climático en una sola ley, desarrollando una serie de requerimientos para el uso de energías renovables y poniendo límites a las emisiones de dióxido de carbono. A finales de marzo se hizo público un borrador de lo que será la Ley de EE.UU. sobre Energía Límpia y Seguridad de 2009. El congresista Edward Markey de Massachussets, uno de los impulsores de la ley, comentó que las discusiones acerca de la ley comenzarán el próximo martes, y que con ellas se espera dar forma final al texto legal.

Representantes de la administración de Obama y uno de los autores del borrador de la ley hablaron acerca de sus detalles en un foro que tuvo lugar en MIT el pasado lunes. Señalaron que hay dos aspectos que han provocado que el proceso tenga carácter de urgencia. El primero es que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) está dispuesta a regular las emisiones de dióxido de carbono incluso si el Congreso no actúa por si mismo. En segundo lugar está la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se llevará a cabo en Copenhague en diciembre. Durante este evento, los distintos países se reunirán para negociar un nuevo tratado acerca del cambio climático global. Los líderes del Congreso esperan que la ley se haya aprobado por la Cámara de Representantes para agosto, con lo que la ley estaría lista para ser firmada por el presidente antes del inicio de la conferencia. El presidente Obama ha señalado que espera que los Estados Unidos tomen la iniciativa a la hora de discutir el cambio climático en la reunión global.

“Las posiciones que adoptemos en Copenhague estarán basadas en lo que seamos capaces de llevar a cabo a nivel nacional,” señaló Carol Browner en el foro de MIT, quien supervisa las políticas de energía y cambio climático en las agencias federales en categoría de asistente especial del presidente. La ley y las discusiones de la semana próxima son “absolutamente esenciales para definir nuestra posición y lo que finalmente esperamos lograr.”

Según se lee en borrador actual, la ley incluye un estándar de energía renovable, que obligaría a los estados a producir un cuarto de su energía a partir de fuentes como paneles solares o turbinas de viento de aquí a 2025. También incluye incentivos para el desarrollo tecnológico de la captura y almacenamiento permanente del dióxido de carbono, mejoras en la red eléctrica, y una reducción general del consumo de energía. En más, la ley apunta a un sistema de fijación de límites e intercambio de derechos de emisión de dióxido de carbono para que las industrias principales del país reduzcan sus niveles de contaminación en un 83% de aquí a 2050, en comparación con los niveles de 2005. Bajo este sistema, se emitirán una serie de permisos de emisión de dióxido de carbono cada año. Las compañías que emitan más de lo que les está permitido, tendrán que comprar derechos a aquellas compañías que emitan por debajo de sus límites de emisión.

Sin embargo, uno de los elementos que más se echan en falta en la ley es una descripción sobre cómo se distribuirán estos permisos de emisión. El presidente Obama señaló que apoya un tipo de sistema mediante el que el 100 por cien de los permisos se adjudiquen bajo subasta a las empresas contaminantes para asegurarse de que cada compañía paga por sus emisiones de carbono. Pero una gran cantidad de miembros del congreso y de la industria están preocupados por la subida de precios que estos permisos podrían provocar en las industrias del hierro y el papel, entre otras, ya que las pondría en desventaja frente a otros países que no regulan las emisiones de dióxido de carbono. En el foro de MIT, el congresista Markey afirmó que muchos permisos se entregarán de forma gratuita en vez de ser subastados.

Finalmente, señaló, el objetivo es subastar todos los permisos, pero para conseguir esto es preciso que China y la India también limiten sus emisiones de dióxido de carbono. Otros participantes del foro advirtieron que llevar a estos países el tipo de tecnología necesaria para reducir las emisiones podría suponer tener que invertir en investigación y desarrollo, para así poder reducir el coste de la energía renovable y de la captura y almacenaje del dióxido de carbono.

Los intentos anteriores por aprobar la legislación de límites e intercambio de derechos de emisión han acabado fracasando. Sin embargo, la posibilidad de que este año la EPA empiece a regular las emisiones de carbono podría forzar a los legisladores a que aprueben un tipo de ley que les daría más control sobre cómo se regulan dichas emisiones, señaló Markey. En 2007, una orden del Tribunal Supremo dio luz verde a que la EPA regulase las emisiones de gas de efecto invernadero. “La única forma de evitar todo esto es si el Congreso pasa a la acción,” afirmó. “Si la ley no se aprueba, será la EPA quien tome el control y todas las industrias a lo largo y ancho del país tendrán que empezar a temer por su suerte.”