Los expertos han acogido muy favorablemente el radical proyecto de ley que en la actualidad se estudia en el Congreso de los EE.UU., puesto que podría reducir de forma significativa las emisiones de gas de efecto invernadero y hacer que se pudiera alcanzar un exhaustivo acuerdo internacional para reducir este tipo de gases en general. “Supone tomarse muy en serio la legislación relativa al cambio climático,” afirma Gilbert Metcalf, profesor de economía de la Universidad de Tufos. No obstante, hay quien afirma que los mecanismos comerciales en los que se basa la ley y un tipo de regulación más convencional podría hacer que esta reducción en las emisiones acabase siendo más cara de lo que en realidad necesita ser.

La ley, cuyo nombre oficial es Decreto Americano de 2009 sobre Energía Limpia y Seguridad, también es conocida bajo el nombre de sus proponentes, Henry Waxman (D-Ca.) y Edgard Markey (D-Mass.) La legislación establecería unos límites y un sistema de intercambio de derechos de emisión para reducir los gases invernadero, un método que aprueban la mayoría de los economistas por encima de otros métodos de regulación convencionales, puesto que proporciona mucha flexibilidad a la hora de alcanzar los objetivos marcados relativos a la emisiones. Sin embargo, también contiene una serie de mandatos que podrían reducir significativamente el ahorro que las limitaciones y el sistema de intercambio se supone que tienen que proveer.

Dentro del sistema de limitaciones e intercambio, el gobierno establece un límite sobre el total de emisiones de gases invernadero de diversas fuentes industriales y proveedores de energía, incluyendo las plantas eléctricas a partir de combustibles fósiles. Después, otorga una serie de autorizaciones o derechos de emisión a las empresas contaminantes que les permiten emitir dióxido de carbono y otros gases invernadero; el total de las emisiones se supone que debe mantenerse por debajo del límite. A lo largo de un periodo de tiempo, el gobierno reduce gradualmente el límite total y el número de autorizaciones concecidas hasta alcanzar su objetivo. Si las emisiones de las compañías exceden la cantidad autorizada, se ven obligadas a comprar derechos de emisión adicionales.

A los economistas les gusta el sistema porque las compañías pueden elegir entre reducir sus emisiones, por ejemplo invirtiendo en nuevas tecnologías, o comprar derechos de emisión del gobierno o de otras compañías que no los necesiten—lo que sea que tenga más sentido a nivel económico. Todo esto se supone que creará un mercado del carbono, y pondrá un valor económico a las emisiones.

Con este proyecto de ley, el gobierno establecerá límites para reducir las emisiones de gases invernadero en un 17 por ciento de aquí a 2020 (comparado con los niveles de 2005) y del 80 por ciento para 2050—unos objetivos creados para prevenir los peores efectos del cambio climático. Estas limitaciones harán que el precio de la electricidad suba, puesto que las compañías tendrán que invertir en tecnologías más limpias para poder cumplir con los límites cada vez más bajos, o tendrán que gastar dinero en comprar derechos de emisión de otras compañías con niveles de emisión más bajos. No obstante, la ley tiene previstas una serie de medidas para amortiguar este tipo de cambios, especialmente durante las primeras fases de su aplicación. Por ejemplo, el gobierno regalará la mayoría de los derechos de emisión en vez de cobrar por ellos, y también requerirá que cualquier beneficio obtenido a partir de estos derechos gratuitos se aplique a las facturas de los consumidores de electricidad. También permitirá que las compañías compren “compensaciones” que les permitan pagar por reducir las emisiones fuera de los Estados Unidos.

Si el programa se diseña apropiadamente, en un principio el número de derechos será inferior al total de emisiones. Al comienzo, cuando los límites sean relativamente fáciles de alcanzar, los precios de los derechos de emisión de carbono serán bajos. Sin embargo, los precios aumentarán a medida que el número de derechos disponibles se vea reducido. Lo ideal sería que las compañías pudieran predecir el precio que van a tener los derechos de emisión y que pudieran hacer sus planes de negocio al respecto.

Algunos expertos creen que el precio de los derechos será suficiente para hacer que las empresas inviertan en nuevas tecnologías. Según Robert Stavins, director del Programa de Economía Ambiental de la Universidad de Harvard, las compañías llevarán a cabo sus decisiones sobre qué tipo de investigaciones deben llevar a cabo y qué plantas energéticas deben construir—plantas que puedan operar durante décadas—no sólo basándose en el precio actual, sino también en el precio que tendrán a largo plazo.

Sin embargo, David Victor, miembro del programa de la Universidad de Stanford para el desarrollo energético sostenible, no está del todo convencido. En general, los precios de los derechos, especialmente al principio, no convencerán a las compañías para invertir en el tipo de tecnología que se necesita a largo plazo. Una posibilidad es que el suministro de energía acabe dependiendo únicamente del cambio entre el uso del carbón al uso del gas natural, que emite mucho menos dióxido de carbono—una estrategia que puede que funcione de aquí a 2020—y después puede que se no realice ninguna inversión en tecnologías como la solar, así como en programas para capturar y almacenar permanentemente el dióxido de carbono—un tipo de tecnología que probablemente será necesaria para alcanzar los límites más estrictos en 2050, afirma Victor.

Y es ahí donde los otros puntos de esta legislación sobre la energía toman importancia. Por ejemplo, se incluye un nuevo estándar relativo a la electricidad renovable que obliga a que un 20 por ciento de la electricidad provenga de fuentes renovables (tales como la solar o a eólica), lo que también se puede compensar mediante una reducción en el consumo. También existen incentivos para desarrollar formas de captura y almacenaje del dióxido de carbono.

Estos mandatos e incentivos acabarán provocando que se invierta en nuevas tecnologías. El problema es que los mandatos pueden resultar caros. Las fuentes de energía renovables podrían acabar siendo más costosas que las otras opciones para reducir las emisiones de carbono—tales como las mejoras en la eficiencia. Incluso si esta tecnología costase mucho más que otro tipo de tecnología, las compañías se verán forzadas a pagar los precios más altos para poder cumplir con los requisitos de los mandatos. Victor afirma que, en la actualidad, estos costes no se ven a primera vista dentro del proyecto de ley. Señala que la ley debería incluir unas provisiones para vigilar y revelar estos costes para que, si aumentan demasiado, las reglas se puedan cambiar. También afirma que el gobierno debería proveer fondos directos para la investigación de energías limpias. La ley financia una serie de investigaciones básicas mediante la entrega de derechos gratuitos, pero el valor de estos derechos depende del mercado del carbono y, por tanto, es una fuente de financiación inestable, afirma Victor.

Los líderes en el Congreso han señalado que esperan que la Casa de Representantes apruebe el proyecto de ley antes de diciembre, fecha en la que los gobernantes mundiales discutirán en Copenhangen el siguiente paso a tomar después del acuerdo de Kyoto. De ser así, podría ayudar a convencer a otros países tales como China e India a que limiten la cantidad de emisiones. Finalmente, la cooperación internacional será esencial para prevenir los peores efectos del cambio climático. “La ley servirá como potente señal de aviso para la comunidad internacional reunida en Copenhagen,” afirma Metcalf.