Apple está a punto de librarse de su batalla legal contra el FBI sobre si debe ayudar a los servicios de inteligencia contra el terrorismo y que consideran que los móviles con software cifrado son un obstáculo en su trabajo.

El lunes, el FBI pausó los procedimientos legales para obligar a Apple a ayudar a desbloquear un iPhone que se usó en el tiroteo de San Bernardino (EEUU), el pasado diciembre. El FBI declaró en un documento que presentó a la Corte, que alguien ha mostrado a la agencia una forma de acceder al iPhone sin la ayuda de Apple. De hecho, si ese truco de hackeo funciona, el caso sería archivado.

De ser cierto, sería una buena noticia tanto para Apple como para otras empresas tecnológicas, que han protestado sobre que el caso del FBI pudiera establecer un precedente para las compañías estadounidenses, que se verían obligadas a debilitar su seguridad. Pero, aunque el FBI termine esta pugna contra Apple, la empresa aún tiene mucho por lo que preocuparse. El FBI no podrá aprovecharse, de forma indefinida, del fallo que este teléfono presenta, porque Apple tiene que apresurarse a repararlo para evitar que sea aprovechado por criminales. Y el conflicto entre empresas de tecnología y gobiernos, continuará.

El FBI y otras agencias del orden, incluyendo fuerzas locales de policía, se han acostumbrado a emitir órdenes o peticiones menos formales, para pedir a las empresas que faciliten el acceso a pruebas que se encuentran en teléfonos bloqueados y mensajes digitales. Pero últimamente, Apple, Google, Facebook y otros más, han mejorado la seguridad de su software en móviles y sistemas de mensajería, provocando que las propias compañías no puedan ayudar en situaciones en las que ya lo habían hecho antes. Los investigadores aseguran que su trabajo está siendo obstaculizado injustamente.

Apple argumenta que esto demuestra a sus consumidores que están más seguros que nunca. Es imposible para las fuerzas del orden crear formas que atraviesen el cifrado sin minar la seguridad, aseguran la empresa y sus muchos partidarios, entre los cuales se encuentran líderes de la industria tecnológica y expertos en seguridad.

Pero eso no suele convencer ni al Gobierno y a los agentes de la ley. Normalmente, argumentan que el conflicto se puede resolver con lo que Apple dice que es imposible: una modificación a la tecnología cifrada que permitiría a los investigadores acceder a la información que se encuentra, por ejemplo, en un smartphone, pero a la vez proporcionando un nivel de seguridad aceptable para la sociedad.

Aunque el FBI encuentre un camino alternativo para hackear el iPhone de San Bernardino, algo que espera hacer por su cuenta, esa desconexión fundamental seguirá existiendo y las quejas de agentes de la ley seguirán amontonándose. Parece probable que con el tiempo acarreará alguna acción legal. Francia y Reino Unido ya se han movilizado para aprobar leyes más estrictas para las empresas de tecnología, y sus políticos se han involucrado con el problema del cifrado de una forma parecida a como ha pasado en Estados Unidos.