Por un lado, el bloqueo podría debilitar, de forma no intencionada, la seguridad en Inte et. Esto se debe a que la legislación podría permitir a los tribunales ordenar que los proveedores de servicios de Inte et, buscadores, servidores de nombres de dominio y otros bloquearan direcciones web o enviasen a los usuarios a otras direcciones distintas a las que escribieron o en las que hicieron clic. Ese truco, llamado redireccionamiento, es con lo que los ingenieros de seguridad quieren acabar, puesto que también es una herramienta clave para cometer fraude en Inte et.
Por otra parte, aquellos dedicados a intercambiar canciones y películas siempre serán capaces de utilizar herramientas de elusión ampliamente disponibles como Tor, una tecnología financiada y desarrollada por el propio Gobie o de EE.UU. para conseguir saltarse los bloqueos y llegar a los lugares deseados. Si es aprobada, la legislación podría lograr poco más que lo conseguido por una reciente e ineficaz ley antipiratería promulgada en Francia, que se ha visto plagada de complejidad y altos costes.
Bajo la Ley de Protección de IP, los fiscales del Gobie o o los titulares de derechos de autor podrían solicitar una orden judicial para que un sitio web se declare como "dedicado a actividades ilícitas". Con tal declaración, un tribunal podría ordenar el bloqueo de los sitios y evitar que las personas que hagan clic en los enlaces correspondientes o escriban sus nombres de dominio en un navegador logren visitarlos. (En su lugar, el usuario podría ser redirigido a una página de advertencia). Está previsto que el proyecto se vote en el Senado el 24 de enero. Un proyecto similar de la Cámara estadounidense, llamado SOPA (siglas de Stop Online Piracy Act, en español 'Ley contra la piratería en línea), se encuentra todavía en el Comité Judicial.
Redirigir a los usuarios fuera de los nombres de dominio que han escrito o seleccionado con el ratón podría afectar a los esfuerzos por hacer que el sistema de nombres de dominio sea más seguro, según han argumentado varios investigadores. "La comunidad de seguridad está tratando de decirle al Congreso que no se puede construir un sistema que distinga entre una respuesta falsa requerida por un Gobie o y una respuesta falsa de un hacker", afirma E esto Falcon, director de asuntos Gube amentales en Public Knowledge, un think tank para la libertad de expresión en Washington, DC. "Si se hace que el PSI y el sistema de nombres de dominio falsifiquen información y den a la gente páginas web equivocadas, eso hará que los esfuerzos por construir un sistema seguro no funcionen".
nSi el gobie o de EE.UU. ordenase el bloqueo generalizado de sitios web, aquellos regímenes autoritarios que censuran Inte et probablemente lo utilizarían como cobertura política, argumenta Hal Roberts, miembro del Centro Berkman para Inte et y Sociedad en la Universidad de Harvard (EE.UU.), que ha hecho varios estudios sobre los medios usados por China y otros países para filtrar contenidos en línea. "China y otros países defienden sin pudor sus prácticas de filtrado, señalando que algunos países occidentales también lo hacen", afirma Roberts, "y leyes como SOPA se lo pondrán más fácil".
SOPA cuenta con el apoyo de más de 140 empresas y organizaciones, sobre todo en las industrias de la música, los libros, la televisión y el cine. Las principales compañías de Inte et se oponen a ella.
Existen pocas evidencias de que una legislación similar haya funcionado en otros lugares. En 2009, por ejemplo, Francia aprobó la legislación de "tres strikes", ideada para exigir a los proveedores de servicios de Inte et que corten el acceso a aquellas personas que hubiesen ignorado dos advertencias para detener el comercio de obras pirateadas. El Gobie o ha creado el marco administrativo para aplicar la medida a principios de este año. Sin embargo, su aplicación real ha tardado en hacerse efectiva. Los PSI afirman que la tarea de seguimiento de las obras pirateadas es muy costosa, y quieren que el Gobie o pague por ello.
En el caso de la legislación de EE.UU., la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que la contratación de personal de control en el Departamento de Justicia costaría 47 millones de dólares (36 millones de euros) durante los próximos cinco años.