La propuesta 23 suspendería una ley de 2006 destinada a reducir las emisiones de gases de efecto inve adero en Califo ia a los niveles de 1990 en el año 2020. La ley, conocida como AB 32, autoriza a una amplia gama de normas y regulaciones destinadas a alcanzar este objetivo. La parte principal de la ley es un sistema de fijación de límites máximos y compra de los derechos de emisión bajo el cual las empresas afectadas tendrían que reducir sus emisiones o comprar los derechos de emisión a otras empresas que hubieran reducido sus emisiones.
Esta ley también es la base de un "estándar de combustibles bajos en carbono" que exige a las refinerías que cambien sus mezclas de combustibles para reducir las emisiones de gases de efecto inve adero, así como de un "estándar de electricidad renovable" que requiere que en el año 2020 el 33 por ciento de la electricidad generada por las empresas públicas y privadas provenga de fuentes renovables.
La propuesta 23 suspendería la aplicación de la AB 32, y de las normas y regulaciones relacionadas con ella, hasta que la tasa de desempleo en Califo ia baje de su nivel actual (alrededor del 12 por ciento) al 5,5 por ciento durante cuatro trimestres consecutivos. Esto sólo ha ocurrido tres veces en los últimos 40 años, y la Oficina del Analista Legislativo del Estado no espera que vuelva a suceder en los próximos cinco años. Los principales partidarios de la propuesta incluyen las refinerías de petróleo Tesoro, Valero, y Flint Hills Resources. En la oposición se encuentran grupos como el Consejo de Defensa de los Recursos Nacionales.
Al invalidar las regulaciones que requieren que las empresas de servicios públicos esenciales obtengan un tercio de su electricidad de fuentes renovables, la propuesta 23 podría poner una larga lista de proyectos de energías renovables en peligro. Esta lista incluye varias propuestas de instalación en el desierto de grandes plantas de energía termo-solar. En conjunto, estos proyectos generarían cerca de 5.000 megavatios de energía. Eso representa una potencia de pico más alta que la generada por cinco reactores nucleares, aunque las centrales nucleares generan más electricidad total puesto que funcionan durante todo el día y la noche.
No está claro, sin embargo, cuántos proyectos se verían afectados. Algunos todavía podrían recibir una demanda suficiente, gracias a un estándar de la electricidad renovable anterior, que requiere que las empresas de servicios públicos esenciales obtengan un 20 por ciento de su electricidad de fuentes renovables a partir de este año. También hay una buena probabilidad de que un requisito del 33 por ciento sea promulgado por separado mediante la legislatura estatal, señala Michael Wara, profesor de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford. Él destaca que los votantes de Califo ia se han decantado consistentemente a favor de las disposiciones que apoyan directamente la energía renovable, aunque no estén de acuerdo con normas "más abstractas" como los límites a las emisiones de dióxido de carbono.
Es difícil predecir el impacto que la suspensión de las dos otras normas y regulaciones importantes asociadas a la AB 32 tendría. Detener el sistema de fijación de límites máximos y compra de los derechos de emisión reduciría los incentivos para las startups que ofrecen tecnologías de biocombustibles y de combustibles bajos en carbono. Sin embargo, algunos inversores de capital riesgo comentan que las empresas en las que han invertido se basaron en la presunción de que no habría un sistema tal, y por lo tanto, sus planes de negocio no dependen de la existencia de éste. Es más, los mandatos federales sobre biocombustibles y los incentivos para las energías renovables de otros estados y países continuarán proporcionando un mercado para estas empresas.
Por ejemplo, hay 28 estados más que constan de sus propios estándares para la electricidad renovable. Si la propuesta 23 de Califo ia hace este estado menos atractivo para las energías renovables, "todavía tenemos varias oportunidades de construir en Texas, Brasil, China o la India", señala David Berry, socio de Flagship Ventures, con sede en Cambridge, Massachusetts.
Los incentivos para los coches eléctricos e híbridos seguirán activos en Califo ia, puesto que los requisitos de emisiones están respaldados por otras leyes a parte de la AB 32.
En general, sin embargo, existe la preocupación de que si se aprueba la propuesta 23, esto desalentará a los inversores de poner su dinero en las nuevas tecnologías añadiendo esta aprobación a la creciente incertidumbre sobre la política energética en los Estados Unidos. Uno de los mayores retos para el gobie o actual es convencer a los inversores que los incentivos permanecerán activos el tiempo suficiente para que puedan obtener un beneficio, y la suspensión de las regulaciones existentes no ayudaría en ése sentido. "Si se aprueba la propuesta 23, se plantearán varias interrogantes sobre la credibilidad de las normas en este ámbito", afirma David Victor, profesor de la Escuela de Relaciones Inte acionales y Estudios del Pacífico de la Universidad de Califo ia en San Diego.