Las prohibiciones a las redes sociales se acumulan. En julio, Francia se sumó a Australia a la hora de restringir el acceso de los menores a las redes sociales —vetando las principales plataformas a los menores de 15 años—, antes de que la medida fuera bloqueada por el máximo tribunal del país por motivos de derechos humanos. El Reino Unido pretende prohibir que los menores de 16 años accedan a Facebook, TikTok y otras plataformas a principios de 2027, y la UE ha anunciado su propio plan para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años.
Sin embargo, las primeras lecciones procedentes de Australia, que aprobó una prohibición en 2024, demuestran que este tipo de restricciones de edad se eluden con facilidad. Un estudio publicado a principios de este año reveló que cuatro de cada cinco adolescentes menores de 16 años lograron acceder a las plataformas vetadas. Los jóvenes han recurrido con éxito a numerosas tácticas para esquivar los bloqueos, desde utilizar el rostro de un hermano para identificarse hasta dibujarse vello facial falso.
Algunos defensores de las prohibiciones han pedido poner un mayor énfasis en una aplicación efectiva que bloquee estos métodos para eludirlas. Sin embargo, esquivar las normas es una señal, no una molestia ni algo que simplemente deba disuadirse. El hecho de que los menores busquen activamente formas de burlar las prohibiciones pone de manifiesto sus limitaciones. Prohibir las redes sociales restringe el acceso de los menores a la información, incluida aquella que resulta esencial para su desarrollo, la conformación de su identidad y su socialización, sobre todo durante la adolescencia. Peor aún: es probable que endurecer las restricciones resulte contraproducente. Cerrar los resquicios en los filtros de edad podría perjudicar a los menores al empujarlos hacia rincones de la web menos moderados y de mayor riesgo. Además, deteriora la privacidad y la seguridad de todo el mundo al obligar a los usuarios a proporcionar información personal sensible para demostrar su edad.
En nuestro trabajo, hemos comprobado que tanto padres como hijos quieren políticas más inteligentes y con más matices que protejan a los menores, a las familias y sus derechos. Esto puede materializarse en exigir límites más estrictos a la recopilación de datos por parte de las empresas, o en dotar a las familias de herramientas flexibles para controlar los contenidos y el acceso según su propio criterio.
Las barreras de edad no propiciarán el cambio deseado ni simplificarán la crianza en el mundo digital. En el mejor de los casos, solo plantearán cuestiones más espinosas y pospondrán la conversación hasta que el menor cumpla 16 años. En el peor, dejarán a los menores sin ningún tipo de orientación mientras se abren camino en el entorno virtual.
Un internet menos seguro para los niños
Cuando los jóvenes eluden las restricciones, a menudo hacen lo que esperamos de una mente en desarrollo y lo que celebramos en otros contextos: dejarse llevar por la curiosidad, resolver problemas y ejercitar su independencia. Es importante que los menores hagan esto en internet, un espacio donde con frecuencia desarrollan sus habilidades sociales y moldean su identidad. Las prohibiciones barren estas motivaciones bajo la alfombra al adoptar un enfoque paternalista que no tiene en cuenta las necesidades de los jóvenes ni la realidad de lo que hacen en la red.
También ignora lo que desean algunos padres. Cuando el año pasado analizamos las medidas de seguridad en las redes sociales, los padres nos dijeron que a menudo se suman a las mentiras de sus hijos para ayudarles a acceder a servicios necesarios pero restringidos. No se trata de un fenómeno nuevo; ya en 2011, un estudio demostró que los padres enseñaban a sus hijos a esquivar las restricciones de edad de Facebook. Habrá quien diga que estos progenitores son ajenos a los peligros que entraña la red o que simplemente les da igual. Pero los padres no forman un grupo monolítico. Muchos simplemente consideran que ofrecer a sus hijos un acceso responsable a las redes sociales es una forma de ayudarles a conectar con compañeros de intereses afines, encontrar contenidos informativos y adquirir competencias de seguridad digital desde una edad temprana. Muchos padres creen que los beneficios superan a los riesgos.
Cuando los padres no facilitan el acceso y los menores no consiguen entrar en las plataformas que desean, lo más probable es que se desplacen hacia espacios alternativos en la red, a menudo con menos medidas de seguridad. A veces, los menores acaban en plataformas bastante inocuas, aunque poco convencionales, comunicándose entre sí a través de Google Docs o en las secciones de comentarios de pódcasts. Otras veces se trasladan a plataformas más peligrosas que pueden dejarlos expuestos a abusos y depredadores. Tras la prohibición de las redes sociales en Australia, las investigaciones preliminares revelan que el tiempo de pantalla de los menores no ha disminuido de forma significativa, sino que a veces se ha redirigido, y algunos usuarios jóvenes han acabado en espacios sin supervisión y desconocidos para los padres. Del mismo modo que las ciudades resultan más inseguras cuando no hay bullicio, las plataformas más peligrosas para los jóvenes son aquellas con menos ojos en la calle digital. Las plataformas obsoletas, en decadencia y con escasos recursos suelen atraer tanto a jóvenes vulnerables como a quienes buscan aprovecharse de ellos.
Un internet menos seguro para todos
Los controles de edad conllevan sus propios peligros. Algunas plataformas rastrean automáticamente la actividad en línea de los usuarios para confirmar su edad. Al hacerlo, elaboran perfiles de los usuarios —recopilando y analizando sus datos para extraer inferencias sobre ellos—, lo que puede aumentar el riesgo de que esa información se utilice de forma indebida o se filtre.
Las empresas también pueden pedir documentos personales como el carné de conducir para verificar la edad, lo que puede derivar en una mala gestión de documentos sensibles o incluso en la suplantación de identidad. Las brechas de datos ocurren: el año pasado, por ejemplo, Discord informó de que uno de sus proveedores externos, 5CA, utilizado para verificar la edad, se había visto comprometido, exponiendo al menos 70.000 imágenes de documentos de identidad oficiales de los usuarios. Requiere muy poco esfuerzo encontrar formas de utilizar ese tipo de información con fines maliciosos al, por ejemplo, vincular los carnés de conducir con cuentas concretas y con la actividad privada en línea, lo que podría revelar desde las opiniones políticas de los usuarios hasta sus preferencias sexuales.
Los intentos de dificultar que los menores eludan los controles de edad también han llevado a los legisladores a restringir su acceso a las VPN. Diversos proyectos de ley estatales de verificación de edad en Míchigan y Utah han intentado socavar las protecciones de privacidad que ofrecen estas herramientas (el proyecto de ley de Utah está ahora bloqueado por un tribunal federal), y el Comisionado de Seguridad Electrónica de Australia está instando a las plataformas de redes sociales a detectar y bloquear su uso. Sin embargo, exigir a los usuarios adultos que acrediten su edad para acceder a una VPN desvirtúa de raíz el propósito de una tecnología centrada en la privacidad. Esto puede poner a muchos usuarios, en especial a periodistas y defensores de los derechos humanos que trabajan en temas delicados, en riesgo de sufrir vigilancia gubernamental e incluso represalias.
¿Qué podría funcionar en su lugar?
En lugar de intentar vetar el acceso de los jóvenes a servicios en línea que les permiten acceder a información y mantener una comunicación esencial para su edad, los legisladores deberían centrarse en los incentivos que impulsan a las empresas a adoptar conductas que, en primer lugar, generan riesgos para los menores.
Por ejemplo, las plataformas deberían reducir lo que los expertos denominan interacción nociva o actividad adictiva limitando la recopilación y el uso de los datos que las empresas emplean para dirigir contenidos y funciones a todos los usuarios, incluidos los menores. Casi todos los padres y adolescentes con los que hablamos quieren que los legisladores impongan este tipo de restricciones, plenamente conscientes de que el uso que hacen las empresas de los datos es la base de funciones como la publicidad personalizada. Además, tanto adolescentes como padres están frustrados por aquellas características diseñadas para mantenernos a todos conectados durante más tiempo del que desearíamos.
Otro enfoque consistiría en ampliar la disponibilidad de herramientas controladas por los propios usuarios, de modo que las familias dispongan de formas sencillas, flexibles e intuitivas de limitar el acceso a lo que consideren indeseable. Por ejemplo, el filtrado de contenidos basado en palabras clave puede permitir que un estudiante que sufra acoso con un apodo concreto o una broma privada bloquee cualquier publicación o comentario que lo contenga. Es poco probable que las plataformas sepan qué palabra o término querría bloquear un menor, ni tampoco la legislación puede aspirar a abordar un tipo de daño tan dinámico. Sin embargo, la regulación sí puede ofrecer herramientas que devuelvan el control a las manos de los usuarios.
Las deficientes prácticas de privacidad, los flujos de contenidos que generan ansiedad y una necesidad casi ineludible de utilizar tecnologías digitales para las tareas cotidianas, la comunicación y la búsqueda de información han llevado, con toda la razón, a que padres y adolescentes quieran un cambio real en el modo en que operan las empresas.
Sortear las normas pone de manifiesto dónde se quedan cortas las políticas. Una aplicación más estricta supondrá recopilar aún más datos y no conectará con la realidad de niños y padres.
Michal Luria es investigadora sénior en el Center for Democracy & Technology, donde dirige el trabajo de la organización en evaluación y diseño de sistemas sociotécnicos. Aliya Bhatia es analista sénior de políticas públicas en el Free Expression Project del Center for Democracy & Technology, donde lidera las iniciativas de incidencia e investigación en temas relacionados con la seguridad de los menores en internet, las tecnologías multilingües y la gobernanza de las plataformas digitales en materia de derechos humanos. Danah Boyd es catedrática Geri Gay de Comunicación en la Universidad de Cornell, donde su investigación se centra en la intersección entre tecnología y sociedad. Su libro más reciente es Data Are Made, Not Found: A Story of Politics, Power, and the Civil Servants Who Saved the US Census.