Los científicos llevan décadas trabajando en formas de descodificar la actividad cerebral. Diversos equipos han desarrollado implantes cerebrales que pueden utilizarse para controlar extremidades robóticas y ordenadores, e incluso para «hablar».
Las personas que participan como voluntarias en los ensayos de estos dispositivos desempeñan un papel fundamental en esa investigación y deberían ser reconocidas por sus contribuciones, afirma Ian Burkhart, a quien le implantaron uno en su propio cerebro allá por 2014. Burkhart ha estado trabajando en una serie de directrices para los investigadores que desarrollan interfaces cerebro-ordenador (BCI).
Ya existen directrices éticas para los ensayos clínicos. Pero los ensayos con BCI son diferentes, afirma Jennifer Chandler, profesora de Derecho y Neuroética en la Universidad de Ottawa que también ha participado en la elaboración de estas pautas. «Son personas que tienen un dispositivo implantado en el cerebro, que a veces participan en ensayos durante años y años... [y aportan] una inversión significativa de tiempo, física y de esfuerzo intelectual».
Burkhart quedó paralizado del pecho hacia abajo tras un accidente de zambullida en 2010, cuando tenía 19 años. Unos cuatro años después, se ofreció voluntario para convertirse en la primera persona en probar un implante cerebral diseñado para controlar la mano.
Le implantaron una matriz de 96 electrodos en la parte del cerebro que controla el movimiento. Los electrodos estaban conectados a un ordenador mediante un cable que, en esencia, se enchufaba a su cabeza. Los algoritmos del ordenador estaban diseñados para interpretar esas señales y enviarlas a otra manga de electrodos que Burkhart llevaba en el brazo, lo que le permitía controlarlo.
Los primeros movimientos fueron pequeños, pero Burkhart acabó siendo capaz de utilizar el sistema para verter cuentas desde botellas, mover objetos pequeños y delicados e incluso jugar al Guitar Hero, aunque solo fuera durante las visitas al laboratorio. Fue un hito científico.
Burkhart participó en dos ensayos clínicos de varios años de duración a lo largo de los siete años y medio que tuvo la matriz de electrodos implantada en el cerebro. «Fue una experiencia fantástica», afirma. «Pero sin duda hay cosas que, sabiendo lo que sé ahora, querría hacer de forma un poco diferente».
En 2022, Burkhart cofundó la BCI Pioneers Coalition—una organización a través de la cual las personas que han participado en ensayos de BCI pueden compartir sus experiencias, tanto entre sí como con los investigadores. Durante el último año, los miembros del grupo han estado desarrollando una serie de directrices basadas en esas vivencias. La idea es ayudar a académicos, profesionales clínicos y empresas a realizar ensayos éticos que respeten la autonomía de los participantes.
Las directrices, publicadas el martes, presentan una lista de recomendaciones divididas en 13 categorías. Una de ellas, por ejemplo, se centra en reconocer y compensar a los participantes en los ensayos. Durante los ensayos en los que participó Burkhart, «iba al laboratorio dos o tres días a la semana, cuatro horas cada vez», recuerda. «Eso es [fácilmente] un trabajo a tiempo parcial si solo cuentas las horas que le dedicas».
A medida que avanzaba el ensayo, afirma Burkhart, aprendió más y pudo aportar comentarios más constructivos sobre lo que funcionaba y lo que no. Asegura que fue un miembro clave del equipo de investigación. Otras personas que se encuentren en una situación similar podrían agradecer figurar como coautores en publicaciones científicas o que se las mencione públicamente como colaboradoras de la investigación, señala. Sin embargo, Burkhart y sus colegas reconocen que no todo el mundo querrá esto.
Las directrices también abordan la espinosa cuestión de la privacidad. Esto es importante: el público siempre mostrará interés por biotecnologías punteras como estas —y las directrices señalan que los investigadores también tienen el deber de preparar a los participantes ante la posibilidad de recibir atención mediática—. En algunos casos, podría resultar difícil ocultar por completo la identidad de los participantes en el ensayo.
Las cosas se complican aún más en lo que respecta a la privacidad de los datos cerebrales de los participantes. Los equipos de investigación necesitarán acceder a estos datos, analizarlos y —al menos temporalmente— almacenarlos. A Burkhart no le preocupaba demasiado en su caso, en el que los científicos recopilaban actividad neuronal relacionada con el movimiento. Pero quienes tienen implantes cerebrales diseñados para convertir pensamientos en palabras podrían verlo de otra manera.
Las directrices señalan que los datos cerebrales «deben entenderse como información personal del participante». Abogan por que los participantes puedan acceder a sus propios datos cerebrales cuando lo deseen —algo que no siempre ha sido posible— y quieren asegurarse de que no se impida a las personas compartirlos con sus propios médicos debido a embargos o acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) diseñados para mantener los hallazgos en secreto ante los competidores.
«No es especialmente habitual que haya acuerdos de confidencialidad estrictos en muchos de los ensayos», afirma Burkhart. «Pero queremos asegurarnos de que eso no ocurra».
Las directrices también abordan lo que ocurre después de un ensayo. Unos cinco años después de que a Burkhart le implantaran el dispositivo, el equipo de investigación tuvo problemas de financiación. Cuando hablamos con él por última vez hace unos años, recordó cómo le dijeron que tendrían que retirarle el implante y que se lo podrían volver a colocar una vez que el equipo consiguiera fondos. (Y aquí estamos hablando de cirugía cerebral).
Al final, mantuvo el implante hasta 2021, cuando se lo retiraron después de que empezara a desarrollarse una infección en el punto donde el cable entraba en el cuero cabelludo. Pero perder el dispositivo después de tantos años fue duro; había recuperado la capacidad de mover el brazo —y luego volvió a perderla.
Rita Leggett, una mujer australiana a la que implantaron un dispositivo en el cerebro para tratar su epilepsia, afirmó que sintió que «se convirtió en una» con su implante. Cuando la empresa que lo fabricó quebró dos años después, le retiraron el dispositivo contra su voluntad, un acto que los bioeticistas han calificado como una posible vulneración de los derechos humanos.
En su lugar, los investigadores deberían comprometerse a mantener los dispositivos cerebrales durante un «periodo razonable» tras la finalización del ensayo, según las directrices. Asimismo, se debería conceder a los participantes tiempo suficiente para prepararse de cara a la cirugía de extracción. Además, los investigadores tendrían que reservar fondos adicionales para apoyar a los participantes del ensayo que deban someterse a ella.
Algunas de las directrices son imprecisas y pueden solaparse con los estándares éticos existentes. No todas detallan soluciones explícitas. Además, se elaboraron a partir de las aportaciones de un grupo reducido de personas —el número de personas que viven con BCI sigue siendo muy bajo—. El equipo espera ampliar y profundizar en estas directrices con el tiempo. Burkhart también tiene previsto debatirlas con investigadores en un próximo congreso de neurociencia.
«Este es un documento vivo y esta es la versión uno», afirma Chandler. «Es solo el punto de partida».