Para millones de personas en todo el mundo, el acceso a internet de banda ancha es una gran parte de la vida moderna. Descargamos películas y música, jugamos a juegos por internet, compartimos fotos y subimos información a redes sociales—todo ello a velocidades cada vez mayores. Las tasas de al menos 50 megabits por segundo—suficiente como para descargar una película en calidad DVD en unos 10 minutos—se han convertido en lo habitual en diversas ciudades, desde Seúl a Estocolmo. En los Estados Unidos, sin embargo, el paisaje de la banda ancha es diferente: la velocidad media de descarga es de unos 10 megabits por segundo, según afirma Ookla, una empresa dedicada a hacer pruebas de banda ancha, y sólo 23 personas de cada 100 poseen suscripciones de banda ancha, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sitúan a los Estados Unidos detrás más de una docena de países—incluyendo a Corea del Sur, Japón, Canadá, el Reino Unido, Suecia y Bélgica—tanto en penetración de banda ancha como en velocidad media publicitada.

Frente a estas estadísticas—y la asunción generalizada de que el acceso a la banda ancha de alta velocidad es fundamental para la salud económica del país—la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. ha creado el Plan Nacional de Banda Ancha, que asigna hasta 15,5 mil millones de dólares procedentes de fondos públicos para mejorar la conectividad del país. El plan tiene como objetivo no sólo garantizar un tipo de banda ancha asequible y fiable para todas las comunidades, sino también dotar a la mayoría de los hogares (unos 100 millones de hogares), con líneas que funcionen a velocidades de al menos 100 megabits por segundo. Se trata de un intento por situar a Estados Unidos dentro de la edad de la alta velocidad—y todo ello, según sugiere la FCC, se puede lograr para el año 2020.

Sin embargo, y en relación a la inversión federal, la pregunta fundamental es: ¿qué beneficios públicos reales se conseguirán con estos 15,5 mil millones de dólares? Responder a esta cuestión con precisión, resulta casi imposible. Es sorprendente la reducida cantidad de estudios serios que existen sobre los efectos económicos y sociales de un acceso más rápido y amplio a internet—y muchos de los que existen ya no son relevantes. La respuesta también depende de cómo la FCC equilibre los dos objetivos del plan: la inclusión y la innovación.

A menudo se da por sentado que un mayor acceso a los servicios de internet de alta velocidad impulsará la economía y mejorará la salud, la educación y la participación cívica, entre otras cuestiones. Tales suposiciones están incluidas en el plan y han sido aprobadas por varios expertos. En marzo del año pasado, por ejemplo, la Fundación de Tecnología de la Información e Innovación, un think tank con sede en Washington, DC, publicó un estudio que sugiere que el apoyo gubernamental a la banda ancha por cable e inalámbrica es esencial para el desarrollo económico futuro. Los beneficios del aumento del acceso a internet, según sugieren los autores del informe, a su vez estimularán el crecimiento de nuevas tecnologías en red, así como otros desarrollos totalmente imprevistos.

Sin embargo Shane Greenstein, profesor de gestión y estrategia de la Escuela Kellogg de Gestión de la Universidad Northwestern, afirma que las ventajas son en realidad mucho menos evidentes. "El reto contenido en esta investigación es importante", afirma Greenstein, miembro del grupo de académicos que se han dedicado a estudiar el impacto económico de la banda ancha. "Un problema es que el impacto real en general no proviene del sector donde se efectúa la inversión. Por ejemplo, cuando llegó la banda ancha por primera vez, quién podía predecir que la reestructuración de la industria de la música sería lo primero que ocurriría?" La falta de investigación empírica, sugiere Greenstein, es también el resultado de una especie de ceguera institucional evidente en casi todas las áreas: "A nadie le interesa ser escéptico, puesto que de ese modo se socava una de las mitologías de la banda ancha—el hecho de ser una panacea tecnológica".

Un estudio de 2007 realizado por investigadores del MIT y otro think tank de Washington, la Institución Brookings, descubrió de hecho algunos beneficios al tratar de discernir el efecto que una mayor penetración de la banda ancha tendría sobre las oportunidades de empleo a nivel estatal. Un mayor acceso de alta velocidad apenas pareció cambiar la actividad en sectores como la construcción, aunque parece que mejoró las oportunidades dentro de las industrias del conocimiento, tales como las finanzas, la educación y los cuidados de salud. Los investigadores determinaron que cada aumento de un punto porcentual dentro de la penetración de la banda ancha se asociaba con un aumento global de empleo entre un 0,2 y un 0,3 por ciento. William Lehr, economista del MIT y uno de los autores del artículo, afirma que los rendimientos disminuyen a medida que la penetración se acerca al objetivo del 100 por ciento marcado por la FCC, aunque las ventajas siguen siendo significativas.

Está menos claro, sin embargo, si las conexiones súper rápidas defendidas por la FCC ofrecen beneficios en consonancia con los costes. Un estudio publicado el año pasado por Motu Economic and Public Policy Research, un instituto sin fines de lucro en Nueva Zelanda, encontró que el aumento de las velocidades de banda ancha quizá no sirva de ayuda para los resultados finales de los negocios. La investigación, que examinó 6.000 empresas, señala que la productividad aumentó significativamente cuando el servicio se actualizó de banda estrecha a banda ancha, aunque no se produjo "ningún efecto visible adicional derivado de un cambio de banda ancha lenta a rápida".

Sin embargo, la FCC quiere que las velocidades comerciales aumenten rápidamente, para ayudar a que los Estados Unidos mantengan el ritmo frente a los países rivales. Al mismo tiempo, el Plan Nacional de Banda Ancha articula un imperativo social y moral para asegurarse de que todo el mundo pueda tener acceso a los mismos servicios básicos y operar en una economía del siglo 21. De hecho, el plan a menudo confunde estas dos metas. Sin embargo, la verdad es que requieren diferentes enfoques técnicos, políticas públicas y niveles de inversión.

El desafío, entonces, consiste en averiguar cómo equilibrar la inclusión con la innovación, usando para ello un presupuesto de 15,5 mil millones de dólares. Las directrices que la Comisión Europea publicó el pasado octubre después de revisar los proyectos en todo el continente indican que las grandes inversiones públicas son la mejor forma de extender la banda ancha a zonas insuficientemente atendidas. No obstante, eso podría ser costoso. Greenstein desde Northwestern señala que llevar la banda ancha hasta los confines de los Estados Unidos supondrá un coste cada vez mayor—hasta 5.000 dólares por hogar en algunas partes rurales del país, en comparación con un par de cientos de dólares en las zonas urbanizadas.

En su lugar, la FCC recomienda un nuevo enfoque: la liberación de nuevas porciones del espectro inalámbrico, así como fomentar a los proveedores de banda ancha móvil para que llenen los vacíos en la cobertura. Algunos académicos han apoyado esta solución, aunque las tecnologías inalámbricas de banda ancha no han logrado ser puestas del todo a prueba. WiMax, por ejemplo, puede ofrecer una velocidad de 50 megabits por segundo, aunque la velocidad se ve reducida al distanciarse de la estación transmisora.

Alcanzar velocidades cada vez mayores también podría requerir una significativa intervención del gobierno. Según un estudio realizado por el Centro Berkman para Internet y Sociedad de la Universidad de Harvard, la clave para acelerar el servicio existente reside en una inversión pública inicial combinada con políticas que fomenten la competencia. La inversión municipal en capacidades de red de fibra, que después se alquila a terceros con fines comerciales, ha dado lugar a un aumento de las velocidades de banda ancha en ciudades europeas como Amsterdam y Estocolmo. Sin embargo, será difícil seguir este camino en los Estados Unidos, puesto que la industria se ha establecido de manera diferente. En la década de los 90, la FCC decidió fomentar la competencia entre infraestructuras como el cable y el DSL, en lugar de hacerlo entre los diferentes proveedores utilizando una columna vertebral común. Como resultado, las empresas en los Estados Unidos han estado menos dispuestas a asumir el coste de inversión en nuevas tecnologías de banda ancha, ya que de hacerlo conseguirían sólo una pequeña ventaja sobre cualquier competidor directo.

Sin embargo, la inversión privada será vital para aumentar la velocidad de banda ancha. Los rápidos avances conseguidos en Corea durante la última década se debieron en gran parte a la financiación de las empresas. Y hay signos alentadores de que algo similar está comenzando a suceder en los Estados Unidos. El ejemplo más obvio es el hecho de que Google tenga previsto lanzar líneas de fibra de un gigabit por segundo a por lo menos 50.000-500.000 personas en lugares de prueba en todo el país. No obstante, un grupo de trabajo de la FCC ha sugerido que, en última instancia, serían necesarios más de 300 mil millones de dólares de financiación privada, además de los gastos del gobierno, para impulsar las velocidades hasta los 100 megabits por segundo o más para toda la nación.

Finalmente, el éxito del Plan Nacional de Banda Ancha será juzgado de acuerdo a los objetivos que la FCC ha establecido para aumentar la penetración y la velocidad de aquí al año 2020. Sin embargo, la tensión entre estos dos objetivos distintos deja un resultado deseable bastante dudoso.

Bobbie Johnson es un escritor freelance con sede en San Francisco. Anteriormente, fue corresponsal de tecnología para el periódico The Guardian.