^{Plan de trabajo: el presidente Obama se dirige a los trabajadores de una fábrica en 2012.}

Ante un auditorio abarrotado en la Convención Nacional Demócrata el pasado mes de septiembre, Barack Obama delineó una visión para la recuperación económica de Estados Unidos cuyo motor sería la fabricación.

"Tras una década de declive, este país ha creado más de medio millón de puestos de trabajo en las fábricas en los últimos dos años y medio", afirmó Obama ante el emocionado público de Charlotte, Carolina del Norte (EE.UU.). "Si escogemos este camino, podemos crear un millón de nuevos puestos de trabajo en la fabricación en los próximos cuatro años".

Para cumplir esas promesas, la Casa Blanca está tirando de una herramienta económica que no se veía en Washington desde hace años: la política industrial.

Envalentonada por un nuevo equipo de asesores, la Administración Obama ha propuesto políticas para impulsar la fabricación doméstica: ventajas fiscales, más gasto en I+D y formación para dos millones de trabajadores en campos que incluyen tecnologías avanzadas como las baterías, la computación, la industria aeroespacial y la robótica.

La idea es que la fabricación -sobre todo la que implica técnicas o productos de vanguardia- está tan ligada a la creatividad tecnológica estadounidense que estas industrias deben ser protegidas de forma activa de la competencia extranjera que ya ha destruido la posición dominante de Estados Unidos en la industria de los semiconductores, los componentes para maquinaria y las pantallas planas.

Las propuestas, iniciadas en 2011, representan un cambio importante en la mentalidad de Estados Unidos porque el país no tiene una política industrial explícita desde la era Carter. También han encendido un enconado debate entre economistas, algunos de los cuales afirman que la Casa Blanca ha roto con el pensamiento económico imperante del mercado libre.

Este debate saltó a la primera plana en febrero del año pasado cuando Christina Romer, economista de la Universidad de California en Berkeley (EE.UU.), y antigua presidenta del Consejo de Asesores Económicos de Obama escribió una columna para el New York Times cuestionando si los fabricantes necesitan ser tratados de forma especial.

Apuntando a elementos clave de las propuestas de la Casa Blanca, Romer afirmó que existen muy pocas pruebas de que la fabricación traerá consigo un aumento significativo de los puestos de trabajo o de que detendrá la caída de los ingresos de la clase media. Romer puso en duda la idea de que los fabricantes debieran recibir ayudas que no están disponibles, por ejemplo, para una empresa de software.

"Aún no se ha demostrado la necesidad de una política de fabricación", escribió Romer. Sin pruebas concluyentes, afirmó, la política de la Casa Blanca se reducía a "sentir que es mejor producir 'cosas reales' que servicios".

Pero ahora es una escuela de pensamiento completamente distinta la que tiene ascendencia sobre la Casa Blanca, una que argumenta que la fabricación, a pesar de que emplea tan solo al 9 por ciento de los trabajadores estadounidenses, tiene un papel importante en la economía nacional. Por ejemplo, las empresas de fabricación llevan a cabo casi las dos terceras partes de la I+D y registran la mayoría de las patentes. Existen pruebas de que las fábricas puede producir 'desbordes' beneficiosos de conocimiento que mejoran la economía en general. "Dentro de esta Administración se ha producido un replanteamiento", afirma Mark Muro, miembro sénior del Brookings Institution, un think tank de Washington (EE.UU.) "Ahora los miembros que están dentro de los círculos de poder de la Casa Blanca son muy comprensivos con la fabricación y la consideran clave", señala.

En el centro de ese cambio se encuentra Gene Sperling, antiguo asesor económico de Bill Clinton y abogado de profesión. Obama le escogió para sustituir al profesor de la Universidad de Harvard (EE.UU.) Larry Summers como director del Consejo Económico Nacional en 2011. Como copresidente de la Oficina de la Casa Blanca para la Política de Fabricación, el nativo de Michigan ha sido el arquitecto de la agenda de Obama en favor de la fabricación avanzada y ha contratado a asesores con puntos de vista semejantes a los suyos.

La Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de comentarios para este artículo, pero Sperling es conocido como un avezado operativo político y activista. Es "muy distinto en su orientación respecto a la mayoría de los economistas académicos", afirma Rob Atkinson, presidente de la Fundación para la Innovación y la Tecnología de la Información. "Por eso este cambio en la política se ha producido ahora y no antes".

El grupo de Sperling cree que el Gobierno puede y debe prevenir el ocaso de la fabricación en Estados Unidos. "Cuando nos mostramos indiferentes respecto a la decisión de competir por los productos de fabricación del presente podemos estar iniciando la pérdida de la capacidad de nuestra nación de crear la nueva generación de tecnologías", afirmó Sperling el mes de marzo pasado en un discurso político rebatiendo a Romer y a otros críticos.

Bajo el liderazgo de Sperling, la Casa Blanca ha propuesto una serie de medidas para acelerar la fabricación avanzada, entre ellas, destinar 418 millones de dólares (unos 313 millones de euros) a I+D en fabricación avanzada (un aumento del 19 por ciento respecto a los niveles de gasto actuales); o 8.000 millones de dólares (unos 6.000 millones de euros) en financiación para que las universidades y centros de formación profesional enseñen a la gente las capacidades que necesitan los fabricantes. También ha establecido un paquete de medidas fiscales para los fabricantes estadounidenses y un programa de mil millones de dólares (unos 750 millones de euros) para crear 15 institutos nacionales cuyo objetivo sea desarrollar nuevas técnicas de fabricación en áreas como la impresión en 3D y la nanotecnología.

El enfoque del Gobierno se apoya en un comprometido grupo que cree que la intervención activa es necesaria. En febrero, Brookings Institution presentó un artículo defendiendo la existencia de una política de fabricación parecida a la de Alemania. Ese país, que gestiona cuidadosamente su sector industrial, aún tiene superávit comercial con China y ha perdido menos puestos de trabajo en el campo de la fabricación que Estados Unidos.

Pero incluso quienes apoyan la idea de que el Gobierno dé ayudas a los fabricantes afirman que algunas de las propuestas son poco ortodoxas. Uno de los cambios legislativos propuestos, por ejemplo, doblaría las ventajas fiscales para la "producción doméstica" para empresas que hacen fabricación avanzada, pero la eliminaría para los productores de petróleo. Otra venta fiscal, para los equipos de desguace, no estaría disponible para ninguna empresa que trasladara sus operaciones y empleos al exterior.

A pesar de que existen muchas clases de negocios, incluyendo las granjas, que reciben importantes subvenciones del Gobierno, es muy probable que una nueva legislación que favorezca a determinadas industrias y no a otras se encuentre con una fuerte oposición en el Congreso. "La idea dominante en Washington es que es una política fiscal inadecuada", afirma Atkinson. "Será una batalla ardua".