Cuando los agentes de policía de Wardak, una provincia montañosa afgana, empezaron a recibir salarios de 200 dólares mensuales (unos 150 euros) a través del teléfono móvil en 2009, muchos se preguntaron por qué les habían subido el sueldo. No se lo habían subido. Sus superiores habían estado hurtando dinero de las nóminas, que hasta entonces se pagaban en efectivo.

Esta anécdota aparece en comunicaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos que hablan de M-Paisa, un sistema de pago mediante el teléfono móvil gestionado por la mayor operadora afgana, Roshan, que ahora cubre a 1,2 millones de afganos y que los funcionarios de EE.UU. describen como una “tecnología potencialmente revolucionaria” para el país.

Ya sean unos billetes pasados por debajo de una mesa o miles atiborrados en un maletín, en Afganistán el dinero en efectivo está ligado a la corrupción en todos los niveles. Según Naciones Unidas, la corrupción gubernamental es la mayor preocupación cotidiana de los afganos, por encima de la pobreza o la violencia. La ONU ha calculado que, entre 2008 y 2009, la mitad de los afganos ha tenido que pagar para sobornar a un funcionario (la cantidad media fue 160 dólares, unos 120 euros).

Ahora en Afganistán se ha extendido la idea de que la mejor forma de evitar este tipo de cohecho es pagar a la gente mediante sistemas electrónicos, aprovechando la red que forman los 15 millones de teléfonos móviles existentes en el país. “En cuanto hay un intermediario que entra en contacto con el efectivo, surge la oportunidad de robar”, afirma Zahir Khoja, director ejecutivo de dinero móvil en Roshan, que es propiedad en parte del Fondo Aga Khan para el desarrollo económico.

Ahora que el uso de teléfonos móviles se ha disparado hasta en los países más pobres, el dinero móvil se ve como una forma de que los servicios bancarios lleguen a más personas. Quienes más tienen que ganar son los 2,5 millones de afganos pobres que no tienen acceso a una cuenta bancaria y no tienen una forma fiable de recibir, enviar, guardar o pedir prestado dinero.

Según la autoridad bancaria de Afganistán, el país solo tiene unas 300 sucursales y unas decenas de cajeros automáticos para una población de 34 millones. Menos del 5 por ciento de los afganos tiene una cuenta bancaria. Y tampoco hay confianza en los bancos. El banco más grande, Kabul Bank, está envuelto en el que quizá sea el mayor escándalo de corrupción del país, que provocó una retirada masiva de depósitos en 2010 después de que desaparecieran 900 millones de dólares (unos 685 millones de euros).

“La red móvil es una de las pocas redes que une al país”, afirma Kathleen McGowan, analista política sénior para Afganistán en la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Las empresas de teléfonos móviles, que han aparecido a lo largo de la última década, también constituyen la mayor industria afgana y son además los principales contribuyentes fiscales.

M-Paisa ('paisa' significa dinero darí, una de las lenguas oficiales del país) permite que cualquiera con un teléfono móvil pueda recibir un pago gracias a un simple mensaje de texto o, como la mayoría de los afganos son iletrados, una llamada a un menú que se activa mediante voz. Entonces el receptor del mensaje puede conseguir el efectivo a través de un agente de M-Paisa. No hay ningún banco de por medio. Bajo una licencia especial concedida a Roshan el año pasado, los fondos de los suscriptores se guardan en cuentas que tienen características similares a las de los depósitos.

Roshan compró la licencia para esta tecnología a Vodafone en 2008, quien ya había desarrollado un exitoso programa de dinero móvil en Kenia denominado M-Pesa que tiene 15 millones de suscriptores. En un principio la empresa de telecomunicaciones había pensado usar la tecnología para conceder microcréditos a pequeñas empresas. Sin embargo, ante la solicitud del ejército de EE.UU., Roshan y el Ministerio del Interior decidieron comprobar si M-Paisa se podía usar para pagar salarios a la acosada policía nacional afgana.

El proyecto piloto, que empezó en 2009 con 53 agentes de policía, puso rápidamente al descubierto el grado de corrupción existente. Según comunicaciones del Departamento de Estado estadounidense, hechos públicos por WikiLeaks, un comandante frustrado exigió que sus agentes le entregaran sus teléfonos y claves e intentó recaudar él mismo los salarios de un agente de M-Paisa.

Los comentarios que recibimos de la policía fueron: “nos gusta este servicio porque M-Paisa nos da más dinero”, explica Khoja, que calcula que se estaba robando un 30 por ciento de los salarios de los policías.  

La policía afgana sufre más bajas que el ejército afgano o el ejército de EE.UU. y el Ministerio del Interior afirma que pagar a los agentes a tiempo es importante para mantener la moral. Ahora, como parte de su estrategia anticorrupción, el ministerio está extendiendo el programa de pagos móviles a otros 4.000 agentes.

Además, hacer los pagos a través del móvil también elimina el riesgo que supone transportar dinero por el país. Aproximadamente la mitad de los 70.000 empleados gubernamentales afganos no tiene cuenta corriente y en algunos casos los agentes del Gobierno llevan el dinero en efectivo en vuelos a las zonas rurales para pagar los salarios. Ghulam Farooq Wardak, el ministro de educación afgano apoyó otro proyecto de pagos móviles dirigido por la empresa de transportes MTN, después de que un miembro de su ministerio fuera asesinado durante una entrega de efectivo.

A pesar de que hace poco el Gobierno afgano solicitó propuestas para expandir los pagos móviles, estos esfuerzos van muy lentos en parte debido a la “decidida” resistencia de algunos agentes de banco y de policía, explica Loretta Michaels, consultora residente en Washington D.C. (EE.UU.) que trabajó con Roshan en Afganistán para poner en marcha el sistema de pago a través de móviles.

La corrupción es un tema diplomático sensible ahora que las tropas de EE.UU. salen del país, aunque decenas de miles de millones de dólares siguen llegando en forma de ayuda. McGowan, analista de USAID afirma que los pagos electrónicos tienen el beneficio de acabar con la corrupción sin señalar a agentes concretos o sin que parezca una “cruzada anticorrupción”.

Otros países también están probando si los pagos electrónicos son capaces de contrarrestar lo que los expertos denominan “fugas de dinero”. En India, donde se produjeron numerosas manifestaciones en contra de la corrupción el año pasado, se podrían ahorrar 22.000 millones de dólares al año (unos 17.000 millones de euros) haciendo que los pagos de los servicios sociales y del gobierno fueran electrónicos, según un estudio de McKinsey. Funcionarios en Argentina han descubierto que emitir tarjetas electrónicas de pago prácticamente ha eliminado los sobornos relacionados con determinados beneficios públicos.

En el caso de Afganistán, los expertos no creen que los pagos móviles por sí solos sean capaces de resolver el problema de corrupción en el país. “El problema más grave son los millones de dólares que salen del país en maletines para comprar una casa en Dubái”, afirma Michaels. “Pero supondrá una gran diferencia para los individuos, los maestros o policías rurales que de repente verán cómo sube su sueldo”.