Esa es la conclusión de un nuevo estudio realizado por un grupo de expertos en la Universidad de Stanford (EE. UU.). Su trabajo muestra que, aunque el país ha hecho algunas mejoras en sus defensas electorales, aún hace falta un esfuerzo nacional coordinado en múltiples frentes para evitar que troles y hackers extranjeros socaven la integridad de sus próximas elecciones presidenciales del año que viene.
nNoticias falsas
nLa magnitud de la amenaza que enfrentó Estados Unidos en 2016 es cada vez más clara. La empresa de ciberseguridad Symantec analizó un conjunto de datos de casi 3.900 cuentas y cerca de 10 millones de tuits conectados a la Agencia de Investigación de Internet (IRA, por sus siglas en inglés), la famosa granja de troles rusos que diseminó noticias falsas para favorecer a Trump antes de las elecciones.
nLa empresa descubrió que la operación rusa llevaba planeada desde hacía mucho tiempo. De media, las cuentas de la IRA fueron creadas unos 180 días antes de ser utilizadas, y tuvieron un éxito alarmante en la rápida difusión de noticias falsas. La cuenta de la IRA más retuiteada obtuvo 6.000.000 de retuits, de los que menos de 2.000 procedían de otras cuentas vinculadas a la agencia.
nEl estudio, cuyo editor y coautor, Michael McFaul, fue embajador de Estados Unidos en Rusia, concluye que se necesita una acción más concertada y sólida para combatir las campañas de noticias falsas y bulos. El artículo exige una mayor transparencia en cuanto a la propiedad y el funcionamiento de los grupos de medios extranjeros que producen contenido relacionado con las elecciones, y pide la creación de un estándar en la industria de las redes sociales para señalizar materiales dudosos.
nTambién recomienda evitar que entidades extranjeras compren anuncios online dirigidos a los votantes de EE. UU. antes de las elecciones, aprobar una ley que obligue a la industria de los medios de comunicación a vigilar a los compradores de espacios publicitarios con más atención, y lograr que los candidatos estadounidenses se comprometan a no usar material robado o falso. Pero todas estas promesas pueden ser rápidamente olvidadas durante la batalla electoral.
nAdemás, el estudio exige que todos los sistemas de votación tengan registros alternativos en papel para que la intención de los votantes puedan verificarse si las máquinas electrónicas se hackean. (Varios estados de EE. UU. siguen utilizando máquinas que no dejan ningún rastro en papel). Y recomienda que los estados adopten un sistema más que los que se usan actualmente en muchas jurisdicciones para auditar los resultados de las elecciones. La necesidad de tomar medidas rápidas sobre la tecnología de votación se ha visto reforzada por la noticia de que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. está investigando si los problemas con el equipo de votación en Carolina del Norte (EE. UU.) durante las elecciones de 2016 fueron causados por el hackeo ruso.
nAmenazas reales
nEstas y otras recomendaciones del grupo de Stanford tienen sentido, al igual que la necesidad de crear planes nacionales para proteger las elecciones. Pero los hackers y los troles extranjeros seguirán librando la guerra cibernética y la de información, incluso aunque se implementen estas recomendaciones. De ahí la última sección del estudio, en la que se pide a Estados Unidos que tome medidas más agresivas para disuadir e interrumpir las campañas de interferencia.
nEl antiguo experto del Departamento de Estado en temas cibernéticos y coautor de la sección del informe sobre la disuasión, Chris Painter, afirma: "No hemos adoptado un enfoque sistemático para perseguir a nuestros adversarios". Los ciberguerreros estadounidenses bloquearon brevemente el acceso a internet de la IRA durante las elecciones del año pasado para el Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, Painter y sus coautores argumentan que, si bien estos cibernéticos encubiertos pueden ser útiles, Estados Unidos necesita una estrategia disuasoria más integral.
nEsto implicaría imponer consecuencias directas a quien se entrometa en los procesos electorales de un país. Estas consecuencias incluyen desde sanciones comerciales hasta restricciones de visado, así como represalias cibernéticas. Ya -se han hecho algunos esfuerzos en este sentido, pero los expertos de Stanford creen que se debería hacer más. "Crear una línea roja no será de mucha ayuda, si las consecuencias de cruzarla no están muy claras", concluye Painter.
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